LA estabilidad del Estado español para los próximos dos años tiene un precio: alrededor de 135 millones de euros. Esa es la diferencia que separa -o que separaba hasta hace unas semanas- al PSOE y al PNV en su valoración de las políticas activas de empleo. Ambos partidos apuran las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita el traspaso a Euskadi de esta importante materia, pues en un contexto de crisis es la herramienta que permite a un gobierno meterle el bisturí al problema del paro, vincular oferta y demanda, estimular al empresario, formar al desempleado. Atacar el tumor desde su raíz, en lugar de limitarse a pagar subsidios que ayudan al parado a sobrevivir, pero que no solucionan el problema de fondo.
Ahora esa facultad le corresponde al Gobierno de España, y si Zapatero sigue gobernando dentro de un año será porque la competencia ya no es suya. Los jeltzales no se sentarán a negociar los Presupuestos si no se materializa el traspaso según sus propias exigencias. Y los negociadores del Congreso aseguran que la Ejecutiva del PNV -que celebra reunión ordinaria hoy, por lo que los jeltzales confían en tener una respuesta inminente- no aprobará ningún traspaso que se valore en menos de 450 millones de euros.
Ahora bien, ¿por qué el PNV valora las políticas activas de empleo en esa cantidad -la cifra fluctúa en cada ejercicio- y el PSE negoció con el Gobierno de España un traspaso de menos de 315 millones? Por las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios, a las que el PNV no va a renunciar, según explicaron a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA fuentes del grupo nacionalista en el Congreso.
Cuando un empresario contrata a discapacitados o amplía su plantilla femenina, por ejemplo, el Estado le premia. Y lo hace ofreciéndole un descuento en los pagos que tiene que hacer a la Seguridad Social, esa caja que pagará la jubilación, en el futuro, tanto del empleado como del empleador.
Durante 30 años de gobiernos nacionalistas en Vitoria, el Ejecutivo de España siempre se ha negado a incluir en el traspaso esas bonificaciones -y por eso Euskadi es la única comunidad autónoma que no ejerce la competencia, ni con bonificaciones ni sin bonificaciones- porque entiende que se rompe la caja única de la Seguridad Social, de la que salen las pensiones de todos los españoles. Para los socialistas, permitir a esta comunidad autónoma gestionar su propia caja equivaldría a una especie de independencia económica, dado que la recaudación de impuestos ya se lleva a cabo por parte de las diputaciones. Los nacionalistas replican que lo que se pide no es la titularidad de la Seguridad Social, sino la gestión de la parte que le toca a Euskadi en esos descuentos, y que además la caja única no se ve alterada por estas bonificaciones, ni ahora ni en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando a un empresario que debería pagar, por ejemplo, diez euros, a la Seguridad Social, se le rebaja la cuota a seis euros por contratar a un discapacitado, el Ministerio de Trabajo pone los cuatro euros restantes, dejando la hucha de las pensiones tal cual estaba. El PNV exige, para permitir que Zapatero siga un año más en La Moncloa, que sea el Gobierno Vasco el que ponga esos cuatro euros y el que decida cómo y por qué bonifica a los empresarios. El secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, coincide con los nacionalistas en que esta fórmula no rompería la caja única.
El Ejecutivo autónomo, que en cualquier caso, y como últimamente dice el lehendakari, no va a renunciar a un mayor poder competencial si encima con ello contribuye a la gobernabilidad de España, creía hasta ahora que tocar las cuentas de la Seguridad Social, aunque luego se repongan los dineros, equivale a romper la caja única y las reglas del juego. Pero parece que la óptica de Ajuria Enea sobre estos movimientos financieros ya no es tan tajante.
No obstante, desde Lehendakaritza se apuntan a otras fórmulas, como convertir esos descuentos a los pagos a la Seguridad Social en subvenciones directas, con lo cual la caja única no se toca ni siquiera para reponer después lo que falte. Además, añaden fuentes del Ejecutivo, esos 135 millones de euros que separan -o separaban- al PNV y al Gobierno central ya llegan a Euskadi y lo seguirán haciendo, con el matiz de que es el Ministerio de Trabajo el que decide cuánto, cómo y por qué.
Mantienen, por otro lado, que el acuerdo del Parlamento Vasco que reclama el traspaso incluye las bonificaciones por formación de trabajadores, pero no por su contratación. El PNV afirma lo contrario.
Los negociadores jeltzales insisten, en todo caso, en que no habrá fórmulas intermedias, y que si Zapatero quiere aprobar los Presupuestos primero tiene que cumplir con las condiciones pactadas para los de 2010. El premio a la contratación consistirá en un descuento de los pagos a la Seguridad Social y así deberá quedar escrito. El viernes, el Gobierno aprobará su proyecto de Presupuestos y vencerá el último plazo para que Zapatero diga si acepta las condiciones del PNV. Aunque en los últimos días entre los despachos circulan decenas de propuestas y contrapropuestas, en la respuesta de Zapatera no caben matices: ha de ser sí o no.
