madrid. El Gobierno madrileño hará efectiva la reducción de liberados sindicales en su Administración el próximo 1 de enero, aunque a día de hoy las diferencias numéricas son "enormes" y los representantes de los trabajadores condicionan tal rebaja a la negociación "total" del convenio de la Función Pública. La cifra de liberados sindicales en la Comunidad fue ayer el principal escollo en la reunión de la Mesa de la Función Pública que se prolongó durante casi dos horas y congregó a doce representantes del Gobierno de Aguirre, encabezados por su segundo, Francisco Granados, y quince miembros de CCOO, UGT y CSIT-UP.
En este encuentro, Granados expuso la "intención" de su Ejecutivo de reducir de 3.500 a 1.500 los liberados sindicales, lo que supondrá un ahorro anual de 73 millones de euros. Esta intención, dijo, va acompañada de la de alcanzar un "acuerdo" en ésta o en cualquier otra materia aunque con una premisa: "Que no suponga un sobrecoste a las arcas públicas". Frente a esto, los representantes sindicales de los 200.000 empleados públicos que trabajan en la región quieren tratar el asunto de los liberados "en el conjunto" de la negociación del convenio colectivo.
Ante esta situación, Gobierno y sindicatos decidieron ayer darse trece días de plazo, hasta que se celebre la huelga general del 29-S, para volver a sentarse y "estudiar" los datos que unos y otros tienen sobre liberados (3.500 dice el gabinete de Aguirre y 400 el Gobierno central).
advertencias Ante la prensa, Granados aseguró que estos trabajadores están "identificados, con nombres y apellidos", mientras que los representantes de CCOO, UGT y CSIT-UP evitaron dar cifras y defendieron que, cualquiera que éstas sean, "el número es absolutamente legítimo". Además rechazado cualquier "imposición" por parte del Gobierno regional aunque no se aclararon si adoptarán medidas jurídicas si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre.
