PARÍS/ROMA.- "Cuando escucho a algunos condenar el desmantelamiento de campamentos insalubres, ilegales e indignos, me gustaría que, más allá de las palabras, esos mismos los acogieran e instalaran en su municipio", declaró ayer el ministro francés.
Hortefeux se defiende de las múltiples críticas que genera su política, dentro y fuera de Francia, al asegurar que su responsabilidad y la del Gobierno es hacer que se cumpla exctricamente la ley.
A los dirigentes de la oposición que han puesto el grito en el cielo a raíz de las expulsiones de gitanos que comenzaron esta semana, el ministro les reprocha el hecho de que no planteen ninguna alternativa. "Tanto sobre seguridad e inmigración, como sobre fiscalidad o pensiones, la izquierda se calla porque no tiene nada que decir", prosiguió el ministro, antes de añadir que "su silencio es un programa".
También respondió a las advertencias de la Comisión Europea y precisó que no ha sido ésta la que ha censurado las expulsiones de romanís, sino que "un funcionario de la Comisión" se pronunció sobre esta cuestión para decir que Francia debía respetar las reglas comunitarias de la libre circulación. Y, según Hortefeux, es "evidente" que el Gobierno galo respeta esas reglas, entre las que se incluye una directiva de 2004 que "prevé restricciones al derecho de circulación en caso de problemas de orden público o falta de recursos".
"No tenemos vocación de acoger en Francia a todos los gitanos de Rumanía y Bulgaria", agregó el titular de Interior, quien invitó de nuevo al Ejecutivo comunitario a que movilice todos sus medios y esfuerzos en programas de reinserción de esta minoría.
"Que cada uno asuma su responsabilidad", dijo el ministro, antes de subrayar que la política que sigue Francia con los gitanos se está aplicando en otros países europeos. En el caso de Francia, indicó, que "bajo la autoridad del presidente Nicolas Sarkozy", el Gobierno dice lo que hace y hace lo que dice. "Es lo que esperan de nosotros los franceses", apuntó. Además, incidió en que no hay ninguna intención de "estigmatizar" a ningún colectivo. De lo que se trata, prosigue Hortefeux, es de hacer respetar el orden, la autoridad y la ley.
apoyos El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, mostró ayer su apoyo la iniciativa de Francia de deportar a los gitanos. Afirmó que es la misma política que utiliza Italia y reclamó poder ir más allá: "Queremos lograr que sea posible expulsar de los países de la Unión Europea a aquellos ciudadanos comunitarios que vivan en un Estado miembro diferente al suyo y que no cumplan con los requisitos mínimos fijados por la UE para ello"; renta mínima, residencia adecuada y no estar a cargo del sistema social del país que les acoge.
Así, el titular del Interior italiano habló de la posibilidad de "expulsar a los ciudadanos comunitarios como sucede con los inmigrantes clandestinos, no de repatriaciones asistidas y voluntarias". Maroni recordó que Italia propuso en el pasado esta medida en Bruselas pero que el comisario europeo de Justicia, Jaques Barrot, se negó por el principio de proporcionalidad (no privación de la libertad), al tiempo que precisó que la única sanción posible para un inmigrante comunitario es la de una "invitación a abandonar el país". Una actuación, que según el ministro italiano "sirve para bien poco". En esta misma línea, Maroni subrayó que el próximo 6 de septiembre "volverá a la carga" sobre la medida durante el encuentro de ministros del Interior de países de la UE que se celebrará en París.
La Conferencia Episcopal Italiana alertó de que el Gobierno italiano "no puede decidir de forma autónoma sobre una política europea que establece el derecho de asentamiento y de movimiento". Además, el principal partido de la oposición italiana, el Partido Demócrata (PD) calificó como "muy graves" las declaraciones de Maroni y le pidió explicaciones.
