VITORIA.- En el auto dictado por el magistrado se ordena a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "adopten las medidas necesarias" para evitar la celebración del acto y "prevengan la comisión de hechos delictivos".

Ruz, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha decidido prohibir el acto, que coincide con la salida de Riera de prisión, a instancias de la asociación Dignidad y Justicia y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juez ha valorado los informes policiales que ponen de manifiesto que Riera fue condenada en mayo de 2004 a nueve años de cárcel por colaborar con el comando Barcelona, que actuó en Cataluña entre 2000 y 2001 y llevó a cabo atentados como el que costó la vida del ex ministro socialista Ernest Lluch.

Tras el acto de bienvenida a Riera, que se iba a celebrar en la plaza del Raspall de la capital catalana, estaba previsto celebrar una marcha con antorchas en la que se pretendía solicitar la libertad de las también etarras Dolores López Resina, Lola, y Marina Bernardó Bonada, que cumplen actualmente condena en Francia por su pertenencia a la organización terrorista.

En su resolución, el magistrado defiende que todas estas actividades, enmarcadas en el programa alternativo de las fiestas de Gràcia, tienen como "finalidad única" la de "ensalzar las personas de quienes han sido condenadas como colaboradores o integrantes de la organización terrorista ETA", lo que supone "desprecio y humillación" para las víctimas.

Riera, vinculada al movimiento okupa, trabajaba como auxiliar administrativo interina en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrasa, y tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Valiéndose de claves de sus compañeros de trabajo, facilitó al comando Barcelona matrículas de vehículos de fuerzas de seguridad, así como la del coche del concejal del PP en Viladecavalls Francisco Cano, asesinado por ETA el 14 de diciembre de 2000.

Las reacciones a la decisión de Ruz no se hicieron esperar. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), el PP catalán, Ciutadans, CiU o la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebraron ayer la decisión de la Audiencia Nacional. "Este tipo de homenajes a terroristas no se pueden consentir", afirmó el delegado de la AVT en Aragón, José Marco, durante el homenaje a los dos guardias civiles asesinados hace ahora diez años en Sallent de Gállego (Huesca).

Por su parte, el Departamento de Interior de la Generalitat aseguró ayer que "hará cumplir" la orden dictada por la Audiencia Nacional, aunque no especificó detalles sobre el dispositivo que desplegará en el popular barrio barcelonés para impedir el homenaje a Laura Riera, que ha cumplido una condena de nueve años de prisión.