DONOSTIA. La Diputación de Gipuzkoa ha vuelto a colocar, en la entrada principal del Palacio Foral, la placa que recoge la declaración institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa ante la obligación de colocar la bandera española en la sede de la institución y de rechazo a la misma.

La anterior placa fue arrancada el pasado domingo por dos personas que fueron posteriormente identificadas. El acto de la sustracción, que fue calificado de "estúpido y estéril" por el portavoz foral, Eneko Goia, fue registrado por las cámaras de seguridad del edificio foral.

La citada placa fue descubierta por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el 27 de febrero tras la celebración ese mismo día de un Consejo de Diputados extraordinario, que aprobó la declaración institucional. Olano estuvo acompañado por todos los miembros de su Gobierno en un acto público que "congregó a varios centenares de personas", según ha recordado la institución foral.

La nueva placa vuelve a recoger la declaración foral, en euskera y castellano, en la que se manifiesta que el Tribunal Supremo español, por sentencia dictada en el recurso 6934/05, ha "obligado" a la Diputación Foral de Gipuzkoa a colocar la bandera española, "en contra de su voluntad".

MANIFIESTO

El texto señala que "un país es país, con su pasado y su futuro, cuando la mayoría de las personas que lo constituyen lo sienten como tal", mientras que "un símbolo es sólo un símbolo: un logo, una porción de tela, unos colores". "En ocasiones, las enseñas se convierten en símbolos del anhelo de un pueblo. Es entonces cuando cobran utilidad, al convertirse, sencillamente, en activadores de sentimientos propios de identidad", añade.

Asimismo, afirma que "cabe también que las enseñas no representen los anhelos de un pueblo, sino que sean impuestas por la ley de la fuerza, por la fuerza de la ley" y que "también entonces cumplen su función, pues se convierten en símbolos de la imposición, recordatorios de las carencias de nuestra convivencia".

Finalmente, subraya que la bandera española es "un símbolo impuesto bajo amenaza de sanción en la institución superior de Gipuzkoa" y que esto se realiza "en contra de la voluntad mayoritaria de los guipuzcoanos, en contra de la capacidad decisoria de sus representantes".

"Ello constituye una falta de respeto a la voluntad popular, una negación del derecho a decidir libremente. He ahí la bandera, símbolo de esta situación, puesta por quien no desea hacerlo, a la que el viento ondea con ironía", concluye.