No podemos permitir a un mosaico de 50 diferentes estados o ciudades o pueblos en los que cualquiera que quiera hacerse un nombre de repente diga: "voy a ser antiinmigrante y voy a tratar de ver si podemos resolver el problema"; éste es un problema nacional". Así de rotundo se manifestó el presidente Barack Obama en una reciente entrevista. Y es que la ley SB1070 de Arizona está caldeando el clima político ante las elecciones legislativas de noviembre. Una coincidencia: apenas un día después de que comience la audiencia por la impugnación que la gobernadora Jan Brewer hizo ante la decisión de una jueza de "suavizar" su ley antiinmigrante, Estados Unidos acudirá a las urnas para elegir a sus representantes de la Cámara alta y baja, así como a 38 gobernadores, entre ellos el de Arizona. Será el 2 de noviembre. En su entrevista con la CBS, Obama pidió no utilizar la demagogia cuando se habla de inmigración, el tema que será el centro del debate ante la cita electoral. Los republicanos apelan al discurso de mano dura frente a los indocumentados para asegurarse el voto de los conservadores y de una ciudadanía que apenas se recupera de una devastadora crisis económica. Mientras, los demócratas se hallan en una seria disyuntiva: su apoyo abierto a los inmigrantes puede asegurarles el voto latino, clave para la elección de Obama en 2008, pero suponerles una pérdida por el lado de los ciudadanos estadounidenses, especialmente en los estados fronterizos donde hay elecciones a gobernador, como California, Nuevo México y Arizona.

LoS DIFERENTES diques En los estados fronterizos, con una fuerte carga de inmigrantes indocumentados, crecen las iniciativas contra la inmigración. Leyes, vallas, redadas son muros que cargan aún más peso sobre las espaldas de los inmigrantes que cada día se juegan la vida para cruzar al otro lado. Y es que los latinoamericanos que buscan el sueño americano se encuentran cada vez con más trabas para ingresar en Estados Unidos. Al miedo a la ley SB1070 de Arizona que criminaliza la presencia de indocumentados en el estado, se sumó el domingo el inicio del despliegue de soldados estadounidenses para apoyar las labores de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas. Era una petición histórica del senador y ex candidato presidencial republicano John McCain. Obama dio la orden en mayo, poco después de la aprobación de la ley SB1070. El objetivo es, por un lado, frenar la violencia del crimen organizado en los estados fronterizos de Estados Unidos, pero, por otro, bloquear la entrada de más inmigrantes al país. Hoy en día, estos dos aspectos van más unidos que nunca, para desgracia de los inmigrantes, que ven con temor cómo los narcotraficantes extienden sus tentáculos y ya controlan parte del más que sustancioso negocio del tráfico de personas.

Pero ni el miedo al crimen organizado, los soldados estadounidenses, las cada vez más rigurosas leyes de Estados Unidos, el sheriff Arpaio o un desierto salvaje parecen frenar por completo el éxodo de mexicanos y centroamericanos hacia el norte. "Los cruces ilegales continuarán mientras haya trabajo acá", dice un inmigrante. Con esa determinación, la de buscar una vida mejor, llegaron los 12 millones de indocumentados que residen actualmente en EEUU y en torno a los cuales se está creando el debate político actual: reforma migratoria, sí o no. Legalización o deportación. El embajador de México en España, Jorge Zermeño, opinó ayer que la ley de Arizona "tarde o temprano" tendrá que modificarse "por injusta y violatoria de los derechos humanos". La administración Obama, al igual que la anterior, ha intentado convencer al Congreso de la necesidad de aprobar una reforma migratoria a escala nacional, abriendo la vía de la residencia legal a los 12 millones de indocumentados, pero la cercanía de las elecciones está alejando cada vez más esa posibilidad.