Guilad Shalit fue capturado por Hamas en Gaza en junio de 2006. Desde entonces, las distintas estrategias seguidas por el gobierno israelí para liberarle han hecho que su nombre se conozca en todo el mundo. Sin embargo, poco se sabe de los cerca de 10.000 presos palestinos encarcelados en prisiones israelíes, muchos de ellos sin que se conozca cuál es su delito.
Ala Jadarat es el jefe de programas de Addameer, una organización de derechos humanos palestina establecida en 1991 que proporciona ayuda legal gratuita a los presos palestinos y a sus familias. Jadarat asegura que al menos 6.400 de los presos están encarcelados por motivos políticos; es decir, "palestinos que han sido arrestados, encarcelados o detenidos por realizar actividades, del tipo que sean, relacionadas con la resistencia". Jadarat especifica que aquellos que han cometido actos de resistencia violentos también obedecen a su definición de presos políticos, "puesto que la ley internacional garantiza cualquier acto de resistencia contra la ocupación".
Ley militar
Los territorios ocupados palestinos, Gaza y Cisjordania, están regidos por un organismo israelí llamado Administración Civil, dependiente del ministerio de Defensa. 1.500 órdenes militares, dictadas por el comandante del Ejército, condicionan la vida diaria de los palestinos, aunque no la de los colonos que, a pesar de residir ilegalmente en el interior Cisjordania, se rigen por la ley doméstica israelí.
Las actividades relacionadas con la resistencia pueden ir desde "entrar en un área militar cerrada, aunque sea tu propia huerta y quieras regarla, hasta participar en una manifestación", asegura Jadarat. Actos como reuniones políticas de 10 o más personas o exhibición de símbolos políticos -como levantar una bandera palestina- pueden comportar una pena máxima de 10 años, y tirar piedras, una máxima de 20". De hecho, "hasta las infracciones de tráfico se juzgan en los tribunales militares".
El proceso del interrogatorio puede durar hasta 180 días, según las órdenes militares, y durante los primeros 90 días el detenido permanece incomunicado y sin derecho a un abogado. Durante los interrogatorios se producen torturas físicas y psicológicas, como amenazar con poner en peligro a familiares del detenido. Al final, el preso es obligado a firmar una confesión en hebreo, que no es capaz de entender. "Esta es la única prueba que se utiliza más tarde en el tribunal militar para dictar sentencia", asegura Jadarat. De hecho, "si un palestino firma que mató a tres israelíes, ni siquiera se investiga cómo, cuándo o a qué hora. Simplemente se le condena".
Una vez el preso es condenado, se le encarcela en una de las cinco prisiones israelíes, lo cual viola la Convención de Ginebra, que especifica que está prohibida la transferencia de población ocupada al territorio del ocupante. Las familias palestinas no pueden acceder a Israel, por lo que tienen que pedir permisos especiales, gestionados por la Cruz Roja, que no siempre se conceden. De hecho, según las órdenes militares, sólo los abuelos, padres, mujeres o maridos pueden acceder al proceso de obtención de un permiso; los hermanos y hermanas e hijos e hijas sólo pueden hacerlo si son menores de 16 años o mayores de 46. Dentro de la prisión, no se permiten llamadas telefónicas y, según Jadarat, "quedó demostrado que las cartas que escribían los presos eran leídas por los soldados y su contenido utilizado para ejercer presión en el prisionero, obtener su confesión o intentar convertirlo en colaborador". Por eso, el medio de comunicación entre familias y presos es la radio. "Todas las estaciones, incluso las públicas, tienen un programa dedicado a trasladar mensajes", señala. Existen cientos de familias, especialmente las de Gaza, que llevan años sin visitar y sin saber nada de sus familiares encarcelados.
Detención administrativa
La orden militar 1229 permite la detención administrativa; esto es, la detención de una persona por un periodo de seis meses porque "se sospecha que pueda ser una amenaza para la seguridad", apunta Jadarat. La detención se basa en una "evidencia secreta a la que ni siquiera el abogado tiene acceso". Las detenciones administrativas son prorrogables indefinidamente sin que sea necesario un juicio ni revelar los cargos del detenido.
"Israel tiene derecho, según la Ley Internacional, a crear tribunales militares y a juzgar a la gente en ellos, pero no tiene derecho a decidir qué actividades o qué asociaciones son ilegales ni a transferir a nuestra población a su cárceles, ni a encarcelarnos sin cargos, ni a torturarnos. Es un castigo colectivo", denuncia.
Los niños, igual que los adultos
"No hay diferencia entre el trato a hombres, mujeres, adultos y niños en cuanto a métodos de interrogación, tortura y proceso legal", asegura Jadarat. Existen dos órdenes militares que hacen referencia a los niños: la primera es la 132, que especifica que los niños palestinos pasan a ser adultos a los 16 años, y no a los 18 como los israelíes, y que a la hora de dictar sentencia se tendrá en cuenta la edad que tengan al ser juzgados, no la que tenían al cometer el supuesto crimen. La segunda es la 378, que describe las penas para menores, prácticamente iguales a las de los adultos.
Rifat Kassis, director de la sección palestina de Defense Children International, señala que "los arrestos de niños se suelen producir a las 4 de la madrugada, con la irrupción de cientos de soldados en casa. Vendan los ojos al niño, lo esposan y lo montan en un jeep, y nunca dan explicaciones a la familia sobre por qué o a dónde se lo llevan". Una vez en la sala de interrogatorios, "puede ser sometido a tortura, aunque amenazarle con dañar a su familia suele ser suficiente, y el 95% de los niños acaba firmando rápidamente una confesión en hebreo" explica.
Por su parte, y dado que el niño estará incomunicado los primeros 90 días, los abogados tienen verdaderos problemas, primero para averiguar dónde está el chico y segundo para saber de qué se le acusa. De hecho, según Kassis, "muchas veces la primera vez que los abogados ven al chico y conocen sus cargos es el día del juicio". Los familiares pueden asistir al tribunal, pero los soldados no les permiten ni hablar ni acercarse a su hijo. "La experiencia es especialmente traumática en el caso de las detenciones administrativas, porque después de seis meses sin verse, el tribunal puede decidir prolongar la detención otros seis basándose en evidencia secreta".
En los centros de detención no se proporciona ningún tipo de educación a los niños; en las prisiones, los niños son encarcelados junto con los adultos, y sólo se les educa en dos de ellas y de manera muy básica.
