Vitoria. La comisión conjunta de Educación y de Derechos Humanos que ayer acogió el Parlamento Vasco en la que la consejera de Educación, Isabel Celaá, presentó por fin a todos los grupos el Plan de Convivencia Democrática se convirtió en una nueva escenificación de las posturas que cada partido ha mantenido en el largo debate que ha acompañado a esta reformulación del Plan de Educación para la Paz.
Sólo tres factores alteraron de alguna manera el guión previsto y animaron el último trámite que aún tenía que pasar este texto antes de empezar a ser de aplicación en el próximo curso escolar: el anuncio del portavoz de Ezker Batua, Mikel Arana, de que finalmente dará su "apoyo crítico" al texto para zanjar -explicó- un "debate estéril que no hace ningún favor al consenso" que la Cámara había forjado en torno al reconocimiento de las víctimas, el anuncio de la dotación económica de 6,7 millones que alimentará la aplicación del plan, y los intensos cara a cara que mantuvieron con Celaá las portavoces de PNV y Aralar, Maribel Vaquero y Aintzane Ezenarro.
"herramienta necesaria" El debate se desarrolló con un ojo siempre puesto sobre el plan que aprobó el tripartito la pasada legislatura, respecto al que los partidarios del nuevo texto ven avances que cubren las "carencias" y las "equidistancias" que dejaba entrever, y los críticos, retrocesos y limitaciones.
Celaá mostró su "satisfacción" por haber podido sacar adelante un plan que tildó de "idóneo y necesario" ante una sociedad "todavía necesitada" de estar "mejor armada" para profundizar en la deslegitimación del terrorismo. Además, se felicitó por el "meritorio esfuerzo" que han hecho PNV y PSE para alcanzar lo que volvió a definir como un "acuerdo suficiente". "El Gobierno ha actuado con responsabilidad y con autonomía, y al final ha hecho lo que tenía que hacer", zanjó.
Leopoldo Barreda y Gorka Maneiro coincidieron con Celaá en lo fundamental y aplaudieron el texto dando su "apoyo total" tanto al contenido que recoge, como al proceso de tramitación que le ha precedido.
Los dos se centraron en subrayar que esta reforma era imprescindible, y en señalar que uno de los elementos que será clave es el que convierte a la comunidad educativa en un "agente activo" en la deslegitimación de la violencia.
Después llegó el lógico aval del socialista Mikel Unzalu -"no me sorprende, pero se lo agradezco igual", dijo Celaá en una de las pocos guiños a la distensión que ayer concedieron sus señorías- y el mencionado "apoyo crítico" de Arana. Y a partir de ahí, las discrepancias.
"instrumento político" Las más duras las protagonizó la representante de Aralar, que pidió al Gobierno que "abra su perspectiva" -sobre todo lo referente a la reconciliación y el concepto de víctimas- y haga "autocrítica" si quiere lograr avances. "El plan no servirá para mejorar la convivencia hasta que quienes aún legitiman la violencia vean que el Gobierno la condena en todas sus formas", explicó antes de "echar de menos" una actitud más inclusiva ante otras víctimas que han quedado fuera de la visión de este texto. "Afortunadamente no es más que humo para aparecer en los medios, ya que lo que se tiene que aplicar es el currículum educativo". "Es un plan antiETA que ahora quieren proyectar sobre las aulas", criticó.
En este mismo sentido se pronunció EA a través de una nota en la que criticó que no es más que un "instrumento más en la lucha antiterrorista", y de alguna forma, también el PNV, que volvió a rechazar que sea su texto o se haya "adherido a él". "No cuenta con el acuerdo del PNV", reiteró Maribel Vaquero, que criticó un plan que se presentó con el objetivo de recoger "los compromisos propagandísticos del pacto PP y PSE" y ha acabado haciendo eso, por lo que pidió que se aplique "con responsabilidad", terminando así de dibujar el mapa de apoyos y discrepancias que tendrán que gestionar los encargados de aplicar este plan.
