El Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la violencia es por fin un texto cerrado. Tres meses largos han servido para que las diferentes formaciones debatieran sobre hasta la última coma de las que vertebrarán esta reformulación; un debate lleno de tiras y aflojas, avances y retrocesos,... y matices, muchísimos matices, que han convertido el texto final en poco menos que una obra de orfebrería política que, sin embargo, no contará con un respaldo total más que de sus promotores socialistas, PP y UPyD.

Pero, pese a todo lo que se ha dicho de los vaivenes casi diarios que ha vivido esta reforma, según Mikel Unzalu -uno de los integrantes del grupo de trabajo del PSE que ha afrontado la negociación definitiva del texto tratando de concitar el mayor consenso posible con el PNV- "la cosa ha sido más sencilla de lo que ha podido parecer". Tras este sorprendente resumen se esconde la valoración de lo que ha significado todo este proceso debate para el equipo socialista; un análisis que DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA ha querido compartir también con la delegación jeltzale para intentar descorrer el velo de silencio y discreción que ha protegido esta negociación del ruido mediático y explicar así cómo se ha desarrollado su diálogo bilateral y cómo será el proyecto que echará a andar a partir del próximo curso escolar.

el consenso como quimera Desde que el Gabinete López presentó su primer borrador, allá por el mes de marzo, el Parlamento Vasco se ha dividido en dos bloques claramente diferenciados: a un lado PSE, PP y UPyD, al otro PNV, Aralar, EA y EB.

Los planteamientos del nuevo texto no dejaron frío a nadie porque donde unos veían una necesaria superación de los principios generales que recogía el plan aprobado la pasada legislatura, otros vieron -y ven- una larga lista de excesos en los que se mezclan la educación de los escolares en valores de paz con el "adoctrinamiento político" y el sesgo ideológico de sus impulsores.

Por eso, después de que la comunidad educativa y las principales asociaciones de víctimas se implicaran al final de aquella primera fase de presentación del borrador llamando a la consecución del mayor consenso posible, el Ejecutivo vasco decidió mostrar su cara más flexible y ampliar el proceso de debate empezando por el principal partido de la Cámara, el PNV, con quien ha mantenido un intenso trabajo bilateral que tuvo su fin en la reunión del pasado lunes. Además, cerrado este debate bilateral, ha sondeado también a los grupos minoritarios, aunque ya sin margen para incluir sus propuestas.

Una cosa está clara: el plan en sí -desde su redacción hasta su aplicación- es responsabilidad del Ejecutivo vasco y no tiene por qué ser compartido por el resto de los grupos, que no tienen que votarlo porque no es una ley. Sin embargo, tras los primeros revolcones, el Gabinete López decidió huir de una imagen de imposición unilateral para poner en marcha una herramienta que tiene entre sus principales objetivos uno tan sensible como definir cómo se formarán los valores de paz y convivencia de los escolares vascos. Eso, aun sabiendo que las posiciones de partida de cada uno de los agentes implicados estaban claras desde el principio y representaban las líneas rojas que nadie estaba dispuesto a traspasar, lo que ha hecho que el consenso haya sido una aspiración más que un objetivo alcanzable.

Según explica Unzalu, el nuevo texto, como reformulación del plan anterior, debía servir para cubrir "las carencias" de su antecesor recogiendo principalmente tres principios: identificar claramente que a la hora de hablar de violencia Euskadi tiene un contexto especial, el que impone el factor ETA -más allá de otras formas como la de género o la racial- y que este fenómeno merece una respuesta específica; dejar claro también que la mejor forma de responder a esta "especificidad vasca" es deslegitimar en la sociedad -y particularmente entre los escolares- la estrategia violenta de esta organización; y, por último, definir que para llevar a cabo esta deslegitimación, dos de las herramientas más apropiadas son la puesta en valor de las víctimas y de la experiencia que pueden trasladar a los escolares para que entiendan el dolor que causa la violencia, y la legitimación de las instituciones y del actual marco jurídico político.

Sin embargo, aspectos como que el proyecto reservara un papel "central" a las víctimas, el cómo trasladar su testimonio a las aulas o el miedo a que la defensa de determinados marcos políticos escondiera un ejercicio de "adoctrinamiento constitucional" definieron precisamente los márgenes del desacuerdo lo que hizo a su vez que, por muy claro que todas las partes tenían que un plan como éste debía contar con el máximo consenso político posible, se impusiera la tozuda realidad política de un país como el vasco situando consecución de ese consenso en el terreno de las quimeras. "No es el texto que hubiera redactado el PNV" dijo al cierre de la negociación un Iñigo Urkullu a medio camino entre la satisfacción y la crítica. "No se buscaba el consenso al 100% de todos los grupos, y está claro que ahora, el único que estará satisfecho al 100% va a ser el Gobierno Vasco", confesaba Unzalu a este diario.

Desde estos parámetros, la negociación ha oscilado entre el optimismo al que se ha aferrado el Gobierno Vasco con la esperanza obtener un "apoyo crítico" y los cortafuegos que han puesto un PNV que buscaba "salvar lo que se pudiera del plan" -en palabras de Vaquero-, sobre todo en el ámbito educativo que vio "asustado" por las primeras posiciones expresadas por el lehendakari, y un PP siempre "vigilante" para que su socio no renunciara a los principios inspiradores del nuevo plan.

avances, sí; acuerdo, no Activado el diálogo bilateral entre jeltzales y socialistas se llegaron a producir cuatro reuniones de sus grupos de trabajo: una primera sin papeles que sirvió para tomar la temperatura de la negociación, otra en la que se presentaron las alegaciones del PNV, una tercera en la que se habló de incorporar algunas de ellas, y la definitiva en la que unas quedaron plasmadas sobre el texto definitivo y otras no, lo que provocó el apoyo parcial de la delegación jeltzale.

Durante este periodo, uno de los obstáculos que los implicados coinciden en reprocharse mutuamente es el que han significado las distintas posiciones que han encontrado entre los integrantes de los grupos de trabajo de sus interlocutores. Otro, el de la "literatura", es decir, el cómo formular determinados planteamientos, fue en cambio uno de los que sí se pudo ir salvando.

Y cerrado el diálogo bilateral, tiempo para las valoraciones. El PNV reivindica que ha conseguido que quede claro que cada centro escolar será autónomo para decidir cómo gestiona la educación de los escolares en valores de paz; que los testimonios de las víctimas deben ser "un instrumento al servicio de la educación" y no una herramienta para reparar su dolor; que estas víctimas serán las que recoge la Ley de Víctimas y no sólo las de ETA; que se dará un tratamiento "integral" del estudio de la violencia; y que no se reivindicará el valor del "Estado Constitucional" sino el del "Estado de Derecho", ahuyentando así el riesgo de "adoctrinamiento" ideológico.

Por su parte, el PSE se felicita porque ha logrado ampliar el margen de apoyo con que contaba el plan anterior, pero sin renunciar ni adulterar los principios que inspiraron esta reformulación.

Y, con las dos delegaciones parcialmente satisfechas, llega la pregunta del millón: ¿Hay acuerdo? "Hay un acuerdo suficiente", dijo Celaá el pasado lunes. "No hay acuerdo, al menos global", responde Vaquero resumiendo una negociación que "ha dado lo que ha dado" y en la que el PNV ha llegado "hasta donde ha podido llegar" por lo que, en la comisión parlamentaria, adelanta, este partido seguirá subrayando carencias del nuevo plan como que deje fuera a las víctimas de otras formas de violencia de motivación política.

Por todo esto, con el plan ya cerrado, en el gusto final de los negociadores se aprecia una mezcla de reconocimiento y sospecha, ya que todos creen que sus interlocutores han combinado la escenificación del diálogo con la cerrazón sobre sus principios irrenunciables, lo que ha creado este escenario final a pesar del cuál, a partir de septiembre, el Gobierno empezará a "desplegar" la aplicación en sociedad de este plan con la esperanza de que sirva para profundizar en la deslegitimación de ETA y la construcción de una convivencia mejor; un desafío ambicioso en cuya consecución volverán a retratarse el compromiso y la responsabilidad con que juega sus cartas cada agente implicado.