Vitoria. El acuerdo entre PSE y PNV para sacar adelante el nuevo Plan de Educación para la Paz ya es un hecho. Ayer, por fin, ambas delegaciones estamparon su firma en un texto que estará a disposición de los colegios vascos a partir del curso que viene y cuyo alcance, a tenor de las valoraciones de unos y otros, es tan variado como cabía prever dado lo complicado de la negociación, desde acuerdo "suficiente" a "en algunos puntos", el abanico es amplio, pero de su existencia -suficiente y puntual- da fe el PP, erigido en notario. La consejera de Educación fue la primera en dar cuenta de lo que ayer sucedió en Bilbao, donde ambas delegaciones se reunieron para afrontar esta reunión "definitiva" antes de comparecer ante sus respectivas ejecutivas.
En Bilbao, Isabel Celaá puso nombre al difícil equilibrio con el que se ha zanjado este debate. "Hemos alcanzado un acuerdo suficiente", recurriendo a una fórmula que recuerda al "apoyo crítico" que el Ejecutivo confiaba en obtener del PNV desde el inicio de la negociación. Una hora después, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, a quien los socialistas habían atribuido la posición más dura en esta negociación, se puso también ante los medios para coincidir con la delegación socialista, tanto en la confirmación de la firma del pacto como en la fijación de sus propios matices, al afirmar que "hay acuerdo en lo que hay acuerdo, pero no hay acuerdo global" en el conjunto del plan. Los discursos de ambos protagonistas estuvieron repletos de las tonalidades que demuestran lo difícil que ha sido para ambas partes la negociación, lo que les obligó a hacer equilibrios sobre el alambre de un texto que, explicaron, no es el que ninguno hubiera elaborado.
contenidos básicos La clave del acuerdo es que todas las partes implicadas, desde el PNV hasta el PP, han podido ver respetados los contenidos básicos de sus respectivas propuestas, aunque a partir de ahí se abran las interpretaciones subjetivas.
El grupo de trabajo del PSE -en el que Celaá ha estado acompañada por José Antonio Pastor, Virginia Múgica y Mikel Unzalu- defendió que el nuevo plan deja claro que el testimonio de las víctimas en las aulas es "un recurso pedagógico valioso que contribuye al proceso de educación para la paz y la convivencia", promueve la "deslegitimación ética, social y política de la violencia" y subraya la defensa del Estado de derecho y sus instituciones, así como la "centralidad de las víctimas del terrorismo como agentes fundamentales de una verdadera cultura de la paz"; los dos aspectos en los que se ha centrado el debate terminológico durante esta negociación.
Por su parte, Egibar destacó que el texto pactado reconoce la validez del plan elaborado por el anterior gobierno, elimina del proyecto original que presentó el Gabinete López "cualquier adoctrinamiento constitucional", y reconoce la autonomía de los centros para decidir si transmiten el testimonio de las víctimas a los escolares de forma presencial o virtual, además de que los testimonios serán de todas las víctimas y no sólo de las causadas por ETA.
las líneas rojas del PP Cerrado este "acuerdo suficiente" con el PNV, la otra preocupación de los impulsores de este plan era no haber disgustado a un PP que este mismo fin de semana marcaba las líneas rojas por las que no estaba dispuesto "a pasar". Quizá por eso, horas después de que se cerrara el texto consensuado, una copia llegaba a la sede del PP vasco. Hoy hará pública su valoración oficial, aunque ayer mismo, su portavoz, Leopoldo Barreda, ya daba su visto bueno a un plan en el que "subsisten los elementos claves", aunque tampoco el PP coincide con él "al cien por cien".
En todo caso, Antonio Basagoiti, quiso mantener viva la tensión sobre el sentido de su voto al reservarse el derecho a hacer "la supervisión final" del texto pactado cuando éste llegue al Parlamento.
la recta final Ahora, cerrados los puntos sustanciales que permitirán que el texto salga adelante como un proyecto consensuado con al menos un partido ajeno a la entente que gobierna Euskadi -a la espera de comprobar si hay margen para el debate en su tramitación parlamentaria -, esta polémica reformulación afronta su recta final, que le llevará a ser discutida en el próximo Consejo de Gobierno para llegar el 11 de junio a la comisión parlamentaria y entrar por fin en vigor el próximo curso, zanjando así un duro pulso de casi cuatro largos e intensos meses.
