si un acertijo interrogara sobre el nexo de unión entre el lehendakari Ibarretxe, su sucesor Patxi López, el consejero de Interior Rodolfo Ares, cinco portavoces de Batasuna -entre ellos, Arnaldo Otegi- y Egunkaria, la respuesta sería sencilla. Todos ellos fueron absueltos de los procesos incoados contra ellos y todos ellos llevados ante el juez por la acusación popular.
Una acción popular consagrada en la Constitución, pero limitada a posteriori para reducir el riesgo de las querellas infundadas, y que ha logrado su parcela pública por las simpatías exteriorizadas por los colectivos denunciantes hacia determinadas posturas políticas. Ese factor constituiría un lastre, a priori, para unos colectivos que asumen la defensa del interés general.
El debate, que se retrotrae a las pugnas decimonónicas sobre la conveniencia de un segundo poder que acotara la labor del vengador público -irónica referencia al Ministerio Fiscal-, se saldó, en el caso específico del Estado español, con la inclusión de la figura de la acusación popular en la Constitución, a través de una somera referencia en su artículo 125. Su nacimiento suponía un avance, al poner fin a las extremadamente elevadas costas impuestas a la acusación durante el franquismo, y se erigía en distintivo de la jurisprudencia estatal.
Sin embargo, poco después comenzaban a establecerse ligeras fianzas para ahuyentar una eventual mala fe de los acusadores. Llegaban, además, sentencias como la doctrina Botín -que rehusaba abrir vista oral con la acusación popular en exclusiva-, matizada por el caso Atutxa -la acusación popular sería suficiente siempre que no hubiera afectados particulares-. Y las disputas sobre la politización de la Justicia con las causas promovidas por esos colectivos comenzaban a aflorar.
Para el profesor de Derecho Procesal de la UPV, Alberto Saiz Garitaonandia, a pesar de que no sea un derecho fundamental, sigue constituyendo una libertad que exigiría tiento al ser limitada. Explica que una vía pasaría por aumentar el importe de la fianza para evitar que se generalicen las demandas por casos políticos, si bien recuerda que el Constitucional (1984) advertía de que ese monto debía ser proporcionado. No obstante, percibe que, a veces, la acción popular "está siendo utilizada como arma política, como posibilidad de sentar en el banquillo a personas que representan ideas contrarias a sus intereses". A pesar de ello, estima que, desde el punto de vista jurídico, probar una eventual vinculación con partidos supondría una ardua tarea. Pero matiza: "Tiene unas dificultades probatorias desde el punto jurídico, que no social".
ASOCIACIONES Y PARTIDOS De hecho, las asociaciones más activas judicialmente han dejado clara su inclinación. En el caso de DyJ, su presidente Daniel Portero se congratuló por haber "echado por fin" a los jeltzales de Ajuria Enea. En el caso de Foro Ermua, varios de sus miembros han engrosado las listas populares -Iñaki Ezkerra- o del PSE -Carlos Totorika o Javier Corcuera-.
Por parte de Manos Limpias, su secretario general, ex líder de la ultraderechista Fuerza Nueva y admirador de Blas Piñar, avaló en una entrevista con El Mundo la oposición "violenta" del partido en la Transición, considerando que habría posibilitado la democracia. La polémica por los intereses generales y particulares recala también en Falange, que se querella contra Garzón por investigar el franquismo -ha sido expulsada de la causa-.
No obstante, Saiz expone que existirían más mecanismos garantistas como que, en el caso de que el juez dictamine en dos ocasiones que el acusador ha interpuesto querellas calumniosas a sabiendas de la falsedad de sus acusaciones, sus demandas no podrán volver a ser admitidas en tribunales. El abogado penal Ángel Gaminde, por su parte, explica que el quid de la cuestión radicaría en una, a su juicio, necesaria reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, de modo que el fiscal pase a ser un juez independiente no nombrado por el poder político.
Así, cree que la acusación popular se tornaría innecesaria. Además, recalca que una sola acusación se enfrenta a las pruebas del fiscal, del juez -que no se limitaría a vigilar la correcta actuación de las partes-, de la acusación particular y de la popular. "No es serio. Estos elementos distorsionan la correcta administración de la Justicia", zanja.
Atutxa, Knörr y Bilbao, inhabilitados por no disolver Sozialista Abertzaleak. Foto: DnA
Otegi, apartado de la política por un acto en recuerdo a "Gatza". Foto: EFE
DYJ, ACUSACIÓN CONTRA ETA Y BATASUNA
l "Caso Ibarretxe". Sentó en el banquillo al lehendakari por reunirse con Batasuna. El TS falló a favor del diálogo.
l 16 años de inhabilitación de Otegi. Acompañada del Ministerio Fiscal, incoó el proceso por el homenaje a "Gatza".
l "Egunkaria". Contra la Fiscalía, respaldó un caso saldado con la absolución.
l Otros. Ha acusado en el "caso Faisán" y la prohibición de actos de Etxerat.
MANOS LIMPIAS, CASOS DE CORRUPCIÓN Y MÁS
l "Caso Atutxa". El sindicato de funcionarios contra la corrupción fue adalid de la reapertura del juicio a Atutxa por no disolver Sozialista Abertzaleak como presidente de la Cámara. Fue inhabilitado junto a Kontxi Bilbao y Gorka Knörr.
l "Los Lunnis". Al "caso Gürtel", la querella contra Garzón y las denuncias a Hugo Chávez, se suma el programa infantil por tratar bodas homosexuales.
foro ermua, contra la negociación
l "Caso Ibarretxe". Participó junto a Dignidad y Justicia en el proceso, y anunció su intención de recurrir al Constitucional nada más conocer el fallo.
l Inhabilitación de Otegi. La asociación hizo causa común con DyJ y el Ministerio Fiscal para condenar al ex portavoz de la izquierda abertzale histórica.
AVT, RECLAMANDO A IÑAKI DE JUANA CHAOS
l "Egunkaria". Se sumó a DyJ para reclamar penas de 12 a 14 años.
l "Caso Faisán". Se ha personado en el caso del supuesto "chivatazo" a ETA para eludir detenciones.
l De Juana. Pidió al Gobierno español y al Ministerio que actuaran contra el ex preso por la carta leída en el homenaje a su salida de prisión -al que no asistió-. Después llegaría la orden de extradición.
