MADRID. El juicio a Garzón por el caso del franquismo se está convirtiendo en el arma política con la que socialistas y populares se atacan entre sí cuestionándose mutuamente su naturaleza de demócratas. Ya no es que se vaya a juzgar al juez de la Audiencia Nacional por haberse extralimitado en sus funciones al abrir una causa para la que no era competente (eso, y no otra cosa, es lo que significa la prevaricación que el juez Varela invoca para abrir el proceso en el Supremo), es que socialistas y populares le están envolviendo en la aureola de mártir o verdugo nada más y nada menos que del conjunto del sistema democrático en el Estado. El PP tildaba ayer la manifestación del pasado sábado en defensa del juez de "radical" e insistía en acusar al Gobierno de atacar al Tribunal Supremo por procesar al juez estrella y de provocar, con ello, "un daño a la democracia que tardará en cicatrizar". El PSOE respondía asegurando que la democracia en España goza de buena salud "pese a los ataques continuos de la derecha".

los discursos Ni populares ni socialistas hacían alusión en sus pronunciamientos a que el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional está siendo investigado en el Supremo por otras dos causas (las escuchas anuladas de Gürtel y los cobros en Nueva York) con idénticos cargos: prevaricación (asumir, a sabiendas, funciones que no le correspondían).

Fue el responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, quien empezó ayer con esta dialéctica. Según sus palabras, la manifestación del sábado "de moderada tuvo poco" y pretendió "coaccionar y limitar el poder de decisión" del Tribunal Supremo, así como proponer un cambio de modelo de Estado al portar algunos de sus asistentes la bandera republicana. El Gobierno, en su opinión, ha participado en esas "acusaciones" y "ataques" al Tribunal Supremo con "declaraciones altisonantes", como las recientes del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, para quien el procesamiento de Garzón por esta causa crea "alarma social".

Tras recordar éstas y otras declaraciones, Pons sentenció: "Si el Gobierno mina la credibilidad del Supremo, mina la credibilidad de las instituciones neutrales que permiten que la democracia sea posible". Para el PP el Ejecutivo de Zapatero "está más cerca de las minorías radicales que de los ciudadanos" y que, gracias a esta "polémica que no tiene nada que ver con el día a día de los españoles", procura "ocultar la crisis" y "dividir" a los españoles. Una crisis que para González Pons es "triple", ya que a la económica y social, el Gobierno, con su comportamiento, ha sumado la institucional.

Frente a esto la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, consideró "extraordinariamente graves" el mensaje del PP que da a entender que "algunos de sus dirigentes no deben de vivir en el país en que vivimos la mayoría". "Después de 30 años de sólida democracia por la que hemos luchado mucho, algunos dejándose la vida incluso, nuestra democracia goza de muy buena salud, a pesar de los ataques continuos que la derecha española y los dirigentes del PP hacen a fiscales, policía y jueces", subrayó.

Lejos de la lectura que de las marchas del sábado hace Pons, para el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, las manifestaciones de estos días son un "ejercicio inequívoco de las libertades democráticas", y añadió no comprender que el PP "se queje precisamente" de que se ejerza la democracia.