jerusalén. Una nueva orden militar de Israel permitirá apresar o deportar a cualquier palestino residente en el territorio ocupado de Cisjordania que no tengan un permiso emitido por las autoridades israelíes, denunciaron ONG locales.
La nueva ordenanza entrará en vigor mañana y su redacción es tan general que teóricamente permitirá al Ejército deportar a todos los habitantes palestinos de Cisjordania, afirma la ONG israelí Hamoked, el Centro para la Defensa del Individuo, junto a otros nueve grupos israelíes de defensa de los derechos humanos.
El dirigente palestino Nabil Sha"ath calificó la orden para encarcelar o deportar a los residentes de Cisjordania que no tengan un permiso emitido por las autoridades de Israel de "la peor medida racista" adoptada por la ocupación israelí.
"La medida permitirá, por ejemplo, que el mando militar israelí considere infiltrados a palestinos que vivan pero no hayan nacido en Cisjordania, a niños nacidos en Cisjordania de padres de Gaza y a mujeres de residentes en Cisjordania", denunció.
Asimismo, Sha"ath anuncio que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) va a desplegar "una campaña ante la comunidad de naciones" para tratar de frenar en los foros internacionales la medida.
criminalización Por su parte, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, condenó la medida en un comunicado en el que afirma que "estas ordenes militares pertenecen a un estado de apartheid" y que suponen "un asalto a los palestinos y una afrenta a los principios más fundamentales de los derechos humanos".
Para Erekat, las órdenes "convierten a los palestinos en criminales en su propias casas y menoscaban los esfuerzos palestinos para gestionar sus asuntos internos", además de abrir la puerta a Israel para expulsar a cónyuges de palestinos que sean extranjeros, trabajadores extranjeros, israelíes y a aquellos que participen en manifestaciones por los derechos palestinos y contra la ocupación.
Las ONG denunciantes han decidido enviar un escrito al Ministerio de Defensa en el que exhortan a retrasar la entrada en vigor de la ordenanza, al entender que convertirá a todos los residentes de Cisjordania en potenciales delincuentes que pueden ser apresados hasta siete años o deportados de ese territorio.
