Madrid. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha resuelto proceder penalmente contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo. El auto hecho público ayer, contra el que cabe recurso de apelación, da diez días a las partes para que presenten escrito de acusación contra el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y soliciten la apertura del juicio oral. Pero la segunda consecuencia de este proceso puede venir del Consejo general del Poder Judicial que, según las fuentes consultadas, ya no tiene excusa para retrasar más la suspensión cautelar de Garzón de sus funciones. Se pronunciará el día 22.

El auto de Varela supone el inicio de los trámites de preparación del juicio, al poner fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas contra Garzón. Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el caso Gürtel con sus abogados en prisión.

En su auto, Varela rechaza todas las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, entre las que se incluían la declaración de los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a su tesis y también las de juristas internacionales, al considerar que "exceden del contenido propio" de las diligencias de instrucción. El magistrado concreta que el delito cometido por Garzón fue "la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación".

La querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS, que son quienes deberán ahora presentar sus escritos de acusación contra el juez, puesto que la Fiscalía ha instado desde el principio el archivo de las actuaciones. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.

Argumentos Según la valoración que Varela realiza en su auto, Garzón recibió inicialmente siete denuncias de asociaciones de memoria histórica en diciembre de 2006, y pese a la pronta ratificación de éstas, incoó procedimiento y congeló de facto su tramitación hasta junio de 2008, una vez fue aprobada la Ley de Memoria Histórica.

Pese al informe contrario del Ministerio Fiscal, señala Varela, el juez de la Audiencia Nacional decidió entonces "superar la limitación" que la Ley de Memoria imponía a la colaboración de los poderes públicos en la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil "intentado asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar llevada a cabo por el franquismo". "Todo ello -según el juez instructor- dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de Derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas", como la Ley de Amnistía de 1977.

Además, según Varela, Garzón puso los obstáculos para retrasar en lo posible la declaración de su incompetencia en el caso y declaró la extinción de los eventuales responsables de los hechos, entre ellos la de Francisco Franco, sin tener competencia tampoco para esta declaración concreta.