vitoria. Suma y sigue. En medio del enésimo proceso que Batasuna quiere poner en marcha, Arnaldo Otegi, la cara visible de los posibilistas dentro del MLNV, se enfrenta a una nueva petición de cárcel al ser considerado dirigente de ETA . Después de que el pasado 2 de marzo, el ex portavoz de Batasuna fuera condenado a 16 años de inhabilitación de cualquier cargo público y a dos de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo, Otegi podría acumular otros doce años entre rejas si se cumple la petición que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al acusar al líder abertzale de dirigir Batasuna a las órdenes de la banda.
La acusación se enmarca en la causa que investiga la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA y su financiación a través de las herriko tabernas. El procedimiento judicial más importante que tiene abierto la izquierda abertzale oficial y que afecta a otros 39 ex dirigentes de Batasuna que, como Otegi, se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre los doce y los ocho años de cárcel.
Pero es el caso del ex portavoz abertzale -en prisión desde el pasado mes de octubre acusado de intentar refundar Batasuna y con otra causa pendiente por participar en 2004 en un mitin en el velódromo de Anoeta- el que más llama la atención. Según el Ministerio Público, Otegi, junto a sus ex compañeros Joseba Permach y Rufi Etxeberria, que también se enfrentan a la misma pena, "posibilitaron la organización de las actividades a realizar a modo de protección y cobertura del proyecto diseñado por ETA".
Es más, el ex portavoz abertzale destaca "por su liderazgo y por las funciones de coordinación del frente institucional que tenía asignada". El mismo papel que la Fiscalía asigna a Permach y Etxeberria, ambos en libertad provisional.
El fiscal sostiene en su escrito dado a conocer ayer que Otegi es "una persona integrada en las organizaciones de soporte a ETA", miembro integrante en representación de los ex presos de ETA en Gestoras pro Amnistía y portavoz junto con Permach de la Mesa Nacional provisional de HB tras la condena por el Supremo. Su actividad, afirma, "no cesó" después de la sentencia del Alto Tribunal dictada por la Sala del 61 que ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, "continuando como responsable" de esta última formación.
En el escrito de acusación -que llega ocho años después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, iniciara las investigaciones-, el Ministerio Público no deja en buen lugar a las herriko tabernas. Según el fiscal, las sedes sociales de la izquierda abertzale tradicional son un "proyecto político ideológico de ámbito nacional que ha de servir como instrumento financiero de otras estructuras de ETA de forma directa e indirecta. Su apariencia disociada obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación" de la organización armada.
El sumario 35/02, se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de las herriko tabernas.
