madrid. El magistrado Luciano Varela, quien instruye la querella admitida contra el juez Garzón por investigar las desapariciones del franquismo, decidió ayer imponer a Falange Española de las JONS una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acusación popular en la causa. Esto implica que, de abrirse el proceso, Garzón habrá de responder no sólo al abogado del sindicato ultra Manos Limpias (y de la asociación Libertad e Identidad), sino también al de Falange. De este modo, Varela accede a la petición que le realizara Manos Limpias de no ir junto a Falange por entender que la querella presentada contra Garzón por este partido político, si bien coincide en los hechos con la formulada por ellos, "alberga un claro propósito de restaurar el honor y la imagen de dicho partido político y de sus miembros", por lo que los objetivos son "difícilmente conciliables".
En el auto hecho público ayer, Varela admite también el recurso presentado por Libertad e Identidad de reducir a 3.000 euros la fianza por el doble de esta cantidad que le impuso inicialmente, ya que comparte representación letrada por Manos Limpias. Respecto de Falange, el Supremo dice que no ve impedimentos para que pueda ejercer como acusación independiente de los otros dos querellantes "teniendo en cuenta la divergencia mostrada por la parte ya personada (Manos Limpias) así como la escasa dilación que puede suponer la presencia de una parte más".
