vitoria. Una de las grandes aspiraciones históricas de las víctimas del terrorismo ha sido la de que su opinión sea tenida en cuenta por las administraciones antes de tomar decisiones que les atañan. Así se recoge en la Ley de Reconocimiento y Reparación de 2008, y así será, ya de forma institucionalizada y formal, a partir del próximo mes de marzo.
La Dirección de Atención a las Víctimas prevé que en apenas un mes podrá poner en marcha un organismo que el próximo martes recibirá el visto bueno del Consejo de Gobierno, aunque apenas se acaban de producir los primeros contactos para su definición.
Así, hace apenas unos días la oficina que dirige Maixabel Lasa mantuvo un encuentro con las fundaciones Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez, López de Lacalle, Joxe Mari Korta y Maite Torrano, y esta misma semana se reunió con las asociaciones Covite y Zaitu, pues la AVT, la otra entidad convocada, no pudo asistir. Queda pendiente el encuentro con Gesto por la Paz, del que la asociación pacifista, que ayer prefirió no hacer declaraciones, no tenía noticia el pasado martes.
Desde la Fundación Fernando Buesa, su gerente, Mila García de la Torre, apostó ayer por lograr que el Consejo de Participación "sea algo efectivo y real". García de la Torre explicó que, aunque apenas se han celebrado los contactos preliminares, la designación del vocal correspondiente a las fundaciones será "un proceso sencillo" por la buena relación existente entre ellas. Los pacifistas también tendrán un representante, las asociaciones tres, y los otros cinco provendrán del Departamento de Interior.
La Fundación Buesa acogió con satisfacción el texto presentado por la Dirección de Víctimas, y de hecho tan sólo realizó "aportaciones de detalle" al documento. Por su parte, Covite afirmó ayer desconocer que el foro vaya a iniciar su actividad en marzo.
Los acontecimientos en torno al Consejo de Participación se precipitaron en la misma jornada en la que el Parlamento instó al Ejecutivo a ponerlo en marcha "a la mayor brevedad posible". El término elegido por PSE y PP tras no alcanzar un acuerdo concreto sobre las fechas -los primeros querían poner el tope a finales de julio, los populares un mes antes-, quedó pues en agua de borrajas, aunque el debate trajo consigo diferentes aportaciones.
La más significativa fue la de Aralar, que rompió la unanimidad al abstenerse por entender que los colectivos elegidos para tener representación en el organismo albergan un determinado sesgo. Por ello, pidió que se abran las puertas del Consejo a "las víctimas del GAL y a las de ETA que nos están asociadas, pues todos sabemos que relación han tenido esas asociaciones con este Parlamento".
