GASTEIZ. En este sistema se detallan las indemnizaciones a los damnificados por atentados terroristas en materias como la vivienda, la salud o el empleo, entre otras.
Estas ayudas están previstas en la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento Vasco en el 2008 y sustituirán a las contempladas en el anterior decreto, aprobado en el 2002, por el que se rige actualmente el sistema de indemnizaciones a este colectivo.
El objetivo del nuevo sistema es procurar, en la medida de lo posible, la devolución a las víctimas a la situación anterior a la provocación del daño, en todos los ámbitos que sea posible, atendiendo a los principios de celeridad y de intermediación, a través de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo.
En el ámbito del resarcimiento de los daños materiales, los beneficiarios de las ayudas que regulará el futuro decreto deben ser víctimas de atentados cometidos en el País Vasco y el importe máximo a recibir será de 100.000 euros por siniestro y solicitante.
En el decreto vigente actualmente esta cantidad límite es de 90.152 euros, casi un 10% menos que la cantidad prevista por el actual Gobierno vasco.
En materia de vivienda, en los casos de perdida total, el Ejecutivo autonómico resarcirá el valor total del bien perdido, en función de la tasación del Consorcio de Compensación de Seguros. En caso de que la víctima opte por el alquiler, podrá recibir una subvención a fondo perdido por el máximo de 20 años.
El Gobierno Vasco también subvencionará los gastos de los alojamientos provisionales y traslados, en caso de que sea necesario durante el tiempo que dure la remodelación de las viviendas afectadas.
Los daños en los vehículos también serán resarcidos y, cuando la pérdida sea total, la indemnización se determinará según la peritación oficial de un coche de similares características y condiciones de uso del dañado.
Estas ayudas se regulan también para las sedes de los partidos, sindicatos y organizaciones sociales, así como a los propietarios de establecimientos afectados por acciones terroristas.
En el caso de los establecimientos comerciales, el Gobierno vasco mediará para que sus dueños consigan créditos bancarios sin interés, o al más bajo interés posible, con el fin de reabrirlo y de mantener sus puestos de trabajo.
De cara a prevenir los daños materiales, el Gobierno autonómico subvencionará el 50% del coste de la instalación de sistemas de seguridad adecuados en viviendas, establecimientos y vehículos a las personas físicas o jurídicas que padezcan amenaza, acoso o coacción, vinculadas a las acciones terroristas.
El proyecto de decreto también prevé que se costeen los gastos que supongan los procesos judiciales en caso de fallecimiento o de incapacitación total.
Las víctimas tendrán también, según el documento, acceso a las prestaciones sanitarias que sean necesarias "para recuperar lo mejor posible las condiciones físicas", tanto en la red pública, como en la privada si fuese necesario.
La asistencia psicológica también quedará regulada por el decreto. Así, se crearán unidades específicas para el tratamiento psicológico en caso de acciones terroristas.
En el área educativa, se disponen desde becas para el fomento del estudio hasta exención de tasas académicas, pasando por el traslado a otros centros educativos.
El proyecto de decreto estará sometido a información pública a particulares por un periodo de veinte días. El paso siguiente será el estudio de las posibles alegaciones, para redactar un nuevo documento, que tendrá que aprobar el Gobierno vasco. Será efectivo una vez que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco.
