vitoria. El tirón de orejas que el Tribunal Supremo (TS) ha dedicado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a cuenta del caso Ibarretxe ha caído como una chinita más en el complejo y, por ahora, irresoluto proceso de renovación de la presidencia del alto tribunal vasco. Más allá de la valoración que cosechó el lunes, ayer la lectura de la resolución del Supremo hizo que muchas miradas recayesen sobre la figura del magistrado Fernando Ruiz Piñeiro, quien preside el Superior de Justicia vasco en situación de interinidad desde hace un año, precisamente por la falta de consenso político.
En un proceso como éste en el que se han mezclado como pocas veces los ámbitos jurídico y político, muchas voces han venido denunciando la existencia de un impulso interesado tras la instrucción de esta causa, personificado en la propia figura de Piñeiro como hombre del sector conservador que apoyaba en el plano político las tesis de quienes promovieron esta causa: el Foro Ermua, DyJ y el Partido Popular.
Por eso, a la vista de la resolución definitiva, PNV y Ezker Batua no dudaron ayer en pedir su salida del cargo. "El propio fallo y la resolución del TS desautorizan de tal manera a los magistrados del TSJPV que no sería lógico" que no se tomaran medidas desde el propio estamento judicial "para impedir que situaciones como éstas puedan volver a producirse", afirmaban desde la formación jeltzale para quienes, concretando, la sentencia "debe servir" para que Piñeiro "no pueda ser reelegido". "Todos debemos ser responsables de nuestros actos. Y los jueces, para lo bueno y para lo malo, no pueden ser un oasis dentro del sistema democrático", zanjaron contundentes.
Mientras, desde EB se escuchaba el mismo discurso en boca del portavoz de la presidencia de la organización, Serafín Llamas, quien exigió a Piñeiro que presente su dimisión "de inmediato por dignidad y coherencia", una vez que ha quedado claro que sus decisiones respondieron a "impulsos políticos".
Pero si EB y los jeltzales hacían esta lectura, desde el PSE se aportaban matices. Uno, el más radicalmente encontrado con los jeltzales, el del Delegado del Gobierno, Mikel Cabieces, que respondió a las dudas arrojadas por el presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar -quien dijo que al PNV siempre le va a quedar la duda de si este juicio "no ha sido un montaje para debilitar y atacar la imagen" del ex lehendakari Juan José Ibarretxe-, acusando al PNV de "pensar que es el eje del mundo" y la "víctima de todos los complots".
lectura templada La otra, la institucional, la de la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, quien eludió esa confrontación y se limitó a mostrar su "satisfacción" porque haya quedado claro que la política nunca puede ser judicializada, y también porque la lectura que dio la acusación -y que admitió Piñeiro- haya sido "corregida".
Sin embargo, Mendia eludió señalar a los culpables de este proceso y menos pedirles responsabilidades; en parte sabiendo que uno de los impulsores de la acusación, el PP, es hoy su socio preferente. "Aquel proceso se produjo en circunstancias especiales y en un clima político diferente del actual", apuntó.
Mendia explicó que para el Gobierno Vasco "no es necesaria" la dimisión de Piñeiro, porque "cada juez hace su lectura propia de las leyes"; una opinión que compartió el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura -la conservadora APM- Antonio García, quien después de haber respaldado el impulso de Piñeiro durante todo el proceso, afirmó ayer que no se siente "desautorizado" sino "corregido".
En todo caso, la portavoz del Ejecutivo sí quiso aplaudir el contenido de la sentencia, coincidiendo así con la lectura que hicieron los partidos que lideraban los otros encausados -PNV y Batasuna- al ver tras el escrito del Supremo una jurisprudencia "muy importante" de cara a que la labor política no se vuelva a ver sometida al juicio de los tribunales.
apuesta por el diálogo En este sentido, la sentencia sirvió a la izquierda abertzale tradicional para reiterar su apuesta por el diálogo como "herramienta fundamental" para resolver el conflicto vasco y pedir de nuevo la puesta en marcha de un "proceso democrático" para lo que, siguiendo la pauta marcada en Alsasua, reivindicó la creación de una mesa de partidos a la que se sienten "todas las fuerzas" del país.
