Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado el pago de una fianza solidaria de más de 77 millones de dólares, lo que viene a ser unos 51 millones de euros, a la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen de Pinochet.
El magistrado les imputa la comisión de delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según se desprende de un auto fechado el 26 de octubre que se hizo público en la jornada de ayer.
Garzón concedió a los imputados un plazo máximo de diez días para satisfacer de forma solidaria esta fianza con el objetivo de "garantizar las responsabilidades pecunarias a que hubiere lugar" durante el proceso.
De no hacerlo, el juez amenazaba con proceder al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada más un tercio, hasta alcanzar los 68.592.351euros, casi 100 millones de dólares.
Además, en el auto el juez cursa una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Chile, para tomar declaración a la viuda y el resto de querellados y para obtener los documentos originales que se refieren a los hechos y están en poder de los cuatro imputados, a fin de incorporarlos a la causa.
Garzón ha adoptado esta decisión en el marco de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, dentro del sumario que investigaba el denominado Plan Cóndor.