a delicada situación por la que están atravesando diversos sectores, empresas y autónomos desde hace un año a causa del impacto de la crisis que ha generado la pandemia de covid-19 amenaza la supervivencia de muchas actividades de todo tipo y, con ello, decenas de miles de empleos. Por ello, ha resultado y aún resulta vital la activación de ayudas de todo tipo para paliar los terribles efectos que está teniendo la crisis y que afectan al conjunto de la sociedad, condicionan la economía y amenazan el futuro de varias generaciones. De ahí la importancia de la articulación de medidas como los fondos europeos de recuperación Next Generation -ahora puestos en cuestión en Alemania, lo que incrementa aún más la incertidumbre sobre su materialización- o las ayudas directas a quienes más están sufriendo la crisis. Pero tan importante como aprobar partidas es concretarlas, vehiculizarlas, gestionarlas y controlarlas y, sobre todo, ejecutarlas en el menor tiempo posible para que cumplan su objetivo. En el caso de las ayudas directas que ya anunció a bombo y platillo a finales de febrero el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros del 12 de marzo aprobó un plan dotado de 7.000 millones de euros -en realidad, 5.000 millones, porque los otros 2.000 están destinados en exclusiva a Baleares y Canarias- con el objetivo de proteger el tejido productivo, mantener el empleo y evitar un impacto negativo en todo el sistema económico y financiero, según anunció la ministra Nadia Calviño. Trascurridas ya dos semanas desde su aprobación, sin embargo, es manifiesta la falta de información, de claridad y de concreción tanto sobre las propias líneas de ayudas, montantes, sectores y empresas a las que afectaría, así como sobre los criterios a aplicar y el papel que, en el caso de Euskadi, jugarán las instituciones vascas en el reparto, control y gestión de las mismas. Este tipo de ayudas directas solo pueden ser viables y cumplir su objetivo efectivo si se ajustan a la realidad del tejido vasco. Las apelaciones públicas -y a buen seguro privadas- realizadas en los últimos días al Gobierno Sánchez tanto por parte del Ejecutivo vasco como por el PNV han sido respondidas con vaguedades y no han aclarado el panorama. Urge, por tanto, más información, concreción y decisión acorde a criterios propios mediante un sistema de cogobernanza real en la gestión.
