Editorial

La ¿última? pieza del puzzle

22.09.2020 | 01:12

Cuando formalice la adquisición de Bankia, CaixaBank habrá concentrado bajo su marca 15 de las antiguas cajas y el Estado, obligado por la UE a deshacerse de su participación en meses, culminará la privatización

la aprobación por los consejos de administración de CaixaBank y Bankia de la integración de ambas entidades para crear el mayor banco del Estado deja a expensas solo de las respectivas juntas de accionistas y de las autorizaciones y trámites legales pertinentes la que no es sino la ¿última? pieza del puzzle de concentración y privatización de las antiguas cajas. Con ella, la antigua Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que resultó en CaixaBank a raíz de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, se habrá hecho –además de con el Banco de Valencia– con nada menos que quince de aquellas entidades de previsión: Cajasol, Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos meses antes de la aprobación de la ley y ahora Caja Madrid, Caja Canarias, Bancaja, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Laietana, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se habían integrado entre 2011 y 2018 en Bankia durante un proceso de fusiones en el que el hoy presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé, ya hizo un intento, fallido, de adquirirla. Por otro lado, que el Estado mantenga el 16% de participación en la entidad resultante de la absorción de Bankia (posee el 60%) por CaixaBank apenas supone posponer la privatización unos meses para diluir las resistencias, también dentro del propio Gobierno de Sánchez, a una operación que solo se puede considerar finalmente deficitaria para las arcas públicas. Los 4.300 millones que costará a CaixaBank la operación son apenas una quinta parte de los 19.100 millones de dinero publico que el Estado aún debe recuperar de los 22.400 que destinó al rescate de Bankia en 2012. Y la pretensión de recuperarlos al deshacerse de la participación en la nueva CaixaBank se ve condicionada tanto por la premura de tiempo –la Comisión Europea mantiene la obligación de deshacer la presencia del Estado en las entidades bancarias antes de final de 2021– como por los costes de la reestructuración que conllevan las duplicidades resultantes de integrar Bankia en CaixaBank y sobre todo por las circunstancias de un sector bancario que ya otea nuevas operaciones de integración y una economía y un mercado financiero condicionados hasta el extremo por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.