ás allá de que algunos especialistas en marketing político y elaboradores de discursos prefieran evitar la expresión, como ha venido haciendo el portavoz del Gobierno Sánchez, Fernando Simón, o utilicen sinónimos -oleada- que lo eviten; en contraste, por ejemplo, con la claridad empleada por la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, para hablar de “segunda ola” de contagios de covid-19, lo innegable es la evidencia del notorio y peligroso repunte de brotes y casos. En el Estado español lo es, por ejemplo, según los propios datos del Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa, que a 26 de julio contabilizaba 49,23 contagios por 100.000 habitantes en los informes remitidos a la OMS y el 4 de agosto elevaba la tasa a 68,6 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un incremento de más del 39% en el número de infectados en nueve días. En Euskadi, las cifras son asimismo claras: pese al uso obligatorio de la mascarilla, el 16 de julio se contabilizaron 56 positivos en 4.425 test PCR realizados, es decir, el 1,3% de las pruebas; que el 30 de julio eran 204 positivos en 4.297 PCR, el 4,7%; el jueves 6 de agosto se elevaban a 338 positivos en 5.617 PCR, el 6%; y ayer a 428 positivos en 5.929 tests, el 7,2%. Dicho de otro modo, en los primeros siete días de agosto se han detectado 1.971 casos de transmisión frente a los 1.046 de los siete últimos días de julio y los 854 de los siete anteriores. Hoy hay, en Bizkaia sobre todo, Gipuzkoa y Araba, más de diez mil personas sometidas a rastreo y control. Así que no podemos engañarnos, tampoco pretender endosar la responsabilidad a una parte de la población -si los dos últimos días los contagiados de hasta 30 años han sido 152, los de entre 30 y 59 años suman 376- porque el peligroso avance en la transmisión del coronavirus nos concierne y afecta a todos y se relaciona directamente con el modelo de nuestras relaciones sociales y el aumento de las mismas, así como la mayor movilidad, también intraterritorial, en periodo de vacaciones. Y eso vale para la administración que, efectivamente, es consciente de que debe prever situaciones y proveer herramientas que hagan posibles las medidas necesarias para frenar la transmisión y paliar sus efectos -por ejemplo, realizar, como en Donostia, 2.000 PCR por un brote en un bar-, pero también para quienes siguen tentados de utilizar de modo espurio la pandemia para sus intereses políticos particulares.
