a ratificación con amplia mayoría del Congreso de los Diputados del decreto que regula la nueva normalidad tras el fin del estado de alarma por el coronavirus y la aprobación por el Consejo de Ministros de las nuevas condiciones que regirán los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) debidos a la pandemia y su extensión hasta el 30 de septiembre son medidas que resultaban imprescindibles para afrontar los nuevos tiempos de crisis y reconsrucción. Al mismo tiempo, suponen un pequeño hito en la política española, demasiado instalada -y en algunos casos, demasiado cómoda- en la confrontación y la bronca, ya que, por primera vez en mucho tiempo, han salido a la luz gracias al diálogo y al acuerdo entre diferentes, al menos de momento. Tanto la regulación de la nueva realidad ya fuera del estado de alarma, aunque con medidas restrictivas y de cierto control ante la amenaza del covid-19 -y a cuyo consenso se unió el PP- como, sobre todo, la extensión de los ERTE, pactada casi in extremis por el Gobierno español con la patronal, los sindicatos y asociaciones de autónomos, eran medidas largamente esperadas que refuerzan la necesidad del consenso para superar esta dura crisis. En el caso de los ERTE -a los que se han tenido que acoger miles de empresas vascas y han afectado a decenas de miles de trabajadores-, la prórroga y las condiciones que regirán los expedientes, con nuevos esquemas de exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales y un supuesto específico en caso de rebrotes, suponen un alivio tanto para las compañías como para los asalariados, que mantienen las coberturas ampliadas en las prestaciones por desempleo. Son medidas que sin duda están resultado claves para salvar empresas y miles de puestos de trabajo y pueden calificarse de imprescindibles y excepcionales para momentos excepcionales. Al mismo tiempo, deben servir como base para la reactivación de la economía y el empleo. Los últimos acuerdos alcanzados pueden constituir, además, una guía para nuevos consensos, por ejemplo en la nueva ley que prepara el Gobierno para regular el teletrabajo, y no solo respecto a la pandemia. Al mismo tiempo, desde Euskadi se seguirá bajo vigilancia que estas normativas no supongan, de nuevo, invasiones de competencias que puedan mermar su autogobierno.