os datos dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la caída de facturación del sector servicios y de la industria durante el mes de abril, todavía en pleno confinamiento, dan una idea de la profundidad de la afección a la economía que ha causado la pandemia y por tanto del esfuerzo que será necesario para su recuperación, pero también del acierto de aquellos que, previéndolo, defendieron un controlado reinicio de la actividad frente a quienes pretendían extender la parálisis productiva. Que en Euskadi las ventas del sector servicios cayeran un 38,5% en abril y la cifra de negocio industrial lo hiciera un 50% respecto al mismo mes de 2019, diez puntos por encima de la media del Estado, para situar la caída anual de la facturación de nuestra industria en el 20,7%, da una idea de la repercusión que en los sectores claves de la economía vasca -la automoción, sin ir más lejos, experimentó una caída interanual del 90%- podría haber tenido el mantenimiento de la suspensión total de actividades cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, tras cuestionar con anterioridad el decreto unilateral de Pedro Sánchez sobre el cierre total de la actividad económica no esencial, abogó en la conferencia entre presidentes por una “aplicación más flexible día a día” para la movilidad de las personas y “la recuperación de las actividades económicas”. La percepción, ya en aquella primera semana de abril, hace más de dos meses, de que era posible compaginar las medidas de distanciamiento, prevención e higiene y la denodada lucha sanitaria frente al coronavirus con el reinicio y paulatino incremento de la actividad productiva ha evitado seguramente que las consecuencias económicas y de empleo rayaran lo irrecuperable. Y posiblemente ha permitido que la situación económica, dentro de la enorme dificultad que entraña, apunte junto a las estimaciones de caída del PIB de entre el 7% y el 9% y de 34.000 empleos para este año, el inicio de un proceso de recuperación que debe recibir un fuerte impulso a partir de la puesta en marcha del plan de reactivación a largo plazo que deberá implantar el Ejecutivo resultante de las elecciones del próximo 12-J. Elecciones, por cierto, que también rechazaban los mismos que a principios de abril se resistían al controlado reinicio de la actividad económica.