Editorial

EH Bildu ya está de mitin

La coalición trata de utilizar el Parlamento Vasco para alimentar su relato sobre el PNV y la corrupción, contra todas las evidencias, como fórmula para ocupar un espacio electoral en cuestión

24.12.2019 | 06:19

Ante la perspectiva electoral del próximo año, con la cita ineludible del final de la legislatura vasca, el proceso lógico de lanzar la precampaña se ha puesto en marcha en Euskadi. Un argumento tan apetecible como el de la corrupción política es atractivo para hacer oposición sin necesidad de una comunicación propositiva. En el caso vasco, el indudable impacto de la sentencia del denominado caso De Miguel va a ser aprovechado más allá de su dimensión real. En ese sentido cabe interpretar las iniciativas de EH Bildu que pretenden debatir por procedimiento de urgencia una interpretación del caso con sus conclusiones ya definidas en su enunciado y más propias de un mitin. La propuesta presentada ayer por Maddalen Iriarte y Larraitz Ugarte pretende que la Cámara vasca asiente como ciertos hechos no probados, cuando no descartados en el propio desarrollo del caso y la investigación judicial. El intento de que se proclame que el caso es consecuencia de "todo un sistema de gestión institucional construido y alimentado durante años" que señala al PNV busca construir un relato de espaldas a la investigación judicial y sus conclusiones, expresadas primero en el auto de instrucción, después en los escritos de acusación de la Fiscalía y, finalmente, en el fallo conocido la semana pasada. Ninguno de estos escritos sostiene semejante aseveración, lo que la convierte en un juicio de valor interesado. El mitin electoral que EH Bildu pretende dar en el Parlamento Vasco puede encontrar el eco del Partido Popular y hasta de Elkarrekin Podemos, interesada en no ceder a la izquierda abertzale espacios tras haberle ganado el de la oposición útil tras el pacto de Presupuestos. Comparten el emblema de pedir una Fiscalía Anticorrupción, que no hace sino frivolizar con el papel de esa institución y sus funciones. No se constituye al albur de la conveniencia política sino por decisión de la Fiscalía General del Estado en relación a la complejidad y dimensión de casos de corrupción. En el Estado hay 12 provincias de siete Comunidades Autónomas con Fiscalía Anticorrupción Delegada y 40 -incluidas las ciudades autónomas- y diez comunidades que no la tienen. El objetivo es equiparar en el imaginario del votante vasco la situación de Euskadi con los sonados casos de Valencia, Andalucía, Catalunya, Canarias, Baleares, Madrid o Murcia, comunidades con expresidentes procesados o incluidos en procesos abiertos.