La semana pasada tuvo lugar en el Parlamento Europeo una votación que sacudió las alfombras palaciegas dado que las presiones volaban como cuchillos en todas las direcciones, pero, muy especialmente, en la dirección que interesaba a las empresas y corporaciones agroalimentarias.
Al día siguiente de dicha votación leía en un medio especializado en el sector primario el siguiente titular “El Parlamento Europeo aprueba el blindaje de los contratos por escrito en el campo: satisfacción en el sector pero enfado de Cooperativas” y me permitirán que subraye o destaque el final de dicho titular en cuanto que nos dice que, ante lo votado y aprobado, existe una valoración positiva del sector mientras que se contrapone el enfado de las cooperativas, insinuando, veladamente, que la postura de Cooperativas no es la misma que el sector. Y yo, ante semejante planteamiento, me hago la pregunta del millón, ¿a quién defienden las Cooperativas si no es a los miles de productores que conforman su base social?
Rebobino. Las instituciones europeas llevan un tiempo afirmando que es necesario, imprescindible diría yo, reforzar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria dado que su dimensión, en su gran mayoría pequeña, les impide hablar y negociar en pie de igualdad con el resto de los eslabones que, dada su naturaleza empresarial y corporativa, van creciendo vía chequera o vía fusiones.
El mes pasado, la reforma de la OCM única, que engloba las normas sobre la organización común de los mercados de productos agrícolas, fue aprobada en la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y ahora, la semana pasada, fue debatida, votada y aprobada en el pleno del parlamento europeo, que una vez fijada su posición deberá iniciar el diálogo con el resto de instituciones europeas, comisión y consejo, para finalmente, ser acordada en esos Trílogos y, como suele decirse popularmente, llevarlo al Boletín Oficial europeo para que entre en vigor.
Las medidas principales de esta reforma, cuya ponente ha sido la eurodiputada popular francesa Céline Imart que ha sufrido lo que no está escrito por ataques y/o presiones de la parte contraria, serán el aumento del uso de contratos por escrito, la integración de indicadores económicos objetivos y el refuerzo del papel y el peso de las organizaciones de productores.
Como decía, Céline Imart, europarlamentaria del partido Los Republicanos, la derecha clásica que es la referencia del Partido Popular español, por lo tanto nada sospechosa de ser enemiga del mercado libre, en el trámite parlamentario, según ella, fue considerada enemiga de las cooperativas por defender la necesidad de contratos obligatorios para todas las compraventas agroalimentarias y por plantear que en dichos contratos se puedan utilizar indicadores económicos objetivos, ósea, poder utilizar referencias oficiales o de entidades que no puedan ser manipuladas por las partes contratantes.
Por otra parte, en otros foros, más allá de la obligatoriedad del contrato y del uso de referencias objetivas, se llega incluso a plantear que las cooperativas estarían exentas de cumplir con el artículo fundamental de la manida Ley de Cadena Alimentaria que no es otro que aquel artículo que dice que el precio abonado debe cubrir los costes efectivos de producción. Es por ello que, en este momento, me surge la segunda pregunta del millón, ¿alguien piensa, en serio, que las cooperativas están exentas de cubrir los costes de producción de sus asociados y que las cooperativas están exentas de informar, por escrito, y de forma fehaciente, antes de que el socio entregue su producción por razones tan peregrinas por temor a ser filtrada dicha información?
Creo que ando bastante despistado con esta cuestión de las cooperativas, unas entidades, por otra parte, imprescindibles en un mercado como el actual, abierto, orientado a una cadena alimentaria cada vez más larga y complicada, donde la distribución organizada acapara el 80% del mercado, pero, tal y como recoge un documento divulgativo del propio ministerio, “Cuando una cooperativa establezca, en base a sus estatutos o acuerdos, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y el calendario de liquidación, debe asegurarse que se cubren los costes asumidos por los productores, pues ese es uno de los objetivos principales de la Ley.”
Otra vez, y ya van dos, el final de la frase es lo quisiera destacar porque, oyendo a algunos, parece ser que las cooperativas están exentas de cubrir los costes de producción de sus socios, como si éstos tuviesen que vivir condenados a subsistir por las ayudas europeas o de la misericordia. Consciente de que por parte de los directivos cooperativos se alega que la entrega de los socios a la cooperativa no es una transacción comercial al uso y en previsión de que, legalmente, alguien pudiera darles la razón, me asalta una nueva pregunta del millón, ¿está en el espíritu de la ley y en el ánimo de sus impulsores el que los miles de productores asociados a las cooperativas queden exentos de la garantía, legal al menos, que sus costes de producción quedarán cubiertos?
No creo que sea ese el espíritu de la ley y soy de la opinión que tampoco es el objetivo de muchas cooperativas del país, pero, como en botica, entre las cooperativas hay de todo.
Ahora bien, apunto a la actitud de algunas cooperativas y de algunos directivos que juegan con un proyecto colectivo como si fuesen empresarios particulares, pero no quisiera dejar de apuntar que, unos y otros, hacen y deshacen, porque los socios, o parte de ellos, por dejación de responsabilidades, se lo permiten.
