En el último pleno del Congreso y con un estilo desaforado, Feijóo acusó al Presidente del Gobierno de ser responsable a título lucrativo de la prostitución y de haber vivido de los negocios de su suegro, cuyas características no soy tan moralista como para valorar.
Se puede comprender la frustración que provoca haber perdido la enésima oportunidad de apuntillar a Pedro Sánchez, pero no me canso de repetir que esta ansiedad del Partido Popular por gobernar por cualquier procedimiento es la propia causa de su estancamiento y de su alejamiento de la posibilidad de conformar una mayoría parlamentaria.
Pero, volviendo a los suegros, se amplía significativamente el campo de juego de la política. Yo nunca me preocupé de analizar el virtuosismo del mío (solo he tenido un suegro) porque no me imaginé que la política requiriese ser virtuoso por elongación a los parientes. (Por cierto, mi suegro fue gudari, lo que me llena de orgullo).
Puestos a analizar a los suegros, ¿por qué no miramos la calidad moral de los cuñados? Estos parientes, que gozan de una inmerecida mala fama, también pueden contaminar la identidad moral de un político. La discriminación de los cuñados en la posibilidad de intoxicar a un político puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
El principio de igualdad ante la ley, recogido en el artículo 14 de la Constitución, establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio implica que, ante situaciones de hecho similares, las consecuencias jurídicas deben ser iguales, y que cualquier diferencia en el trato debe estar justificada por razones objetivas y razonables.
¿Es que a los cuñados no les afecta una circunstancia de carácter personal? Qué no decir de los tíos. Yo llegué al Congreso en el año 1986 y conocí a muchos diputados cuyos parientes fueron personajes relevantes del régimen franquista; el propio Adolfo Suárez procedía de este ámbito. Conocí particularmente a dos diputados de la que fue Alianza Popular que se jactaban de ser sobrinos de dos personajes que cometieron toda suerte de tropelías durante el régimen franquista en el ámbito de la construcción, tropelías impunes ya que, en aquel régimen, la corrupción sí que era sistémica.
Podríamos llegar hasta los primos. Siendo miembro del Consejo General del Poder Judicial, un conocido personaje de la derecha española intentó recabar mi colaboración para conseguir el indulto de un primo suyo en prisión por estafas vinculadas al mundo del arte. Obviamente, no realicé ninguna acción porque los jueces, afortunadamente, no alteran sus decisiones en materia de responsabilidad penal se lo pida quien se lo pida, o al menos eso quiero pensar.
Todo lo anterior requiere una reflexión complementaria. En el ámbito político, los informes de la Unidad Central Operativa o de cualquier cuerpo policial se han trasmutado en sentencias condenatorias. Se ha amortizado la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es el derecho fundamental de todo investigado en un proceso penal a ser tratado como si fuera inocente hasta que sea condenado por una sentencia. Es una de las bases del sistema penal en los países democráticos.
El artículo 24.2 de la Constitución establece: todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
No parece que los informes de la Unidad Central Operativa se correspondan con los perfiles previstos en el artículo 24.2 de la Constitución, pero se ha dado un paso más, y más peligroso: ya no solo se estigmatiza con un informe de la Unidad Central Operativa, sino con la mera expectativa de un informe, con la eventualidad de que un informe futuro e hipotético prolongue las responsabilidades penales del Presidente o de un ministro del Gobierno. Se ha creado un ambiente que resulta democráticamente irrespirable y basado, como dicen sus protagonistas, en intuiciones (a veces las intuiciones son informaciones filtradas que proliferan en un país que llegó a crear una denominada policía patriótica), y muchos están esperando el próximo informe de la Unidad Central Operativa que satisfaga sus ansiedades políticas o, alternativamente, confirme que estamos ante un Gobierno corrupto. Esto puede ser propio de algún programa de televisión que analiza fenómenos paranormales y que, cuando reflexiona en términos políticos, sus tertulianos lo hacen sin ningún filtro, pero no se espera de un país realmente democrático.
Estos son los términos del debate hoy: expectativas que pueden mantener o liquidar la legislatura, y todo ello adornado con la invocación de fotos con narcotraficantes, de considerar condenadas a personas sobre las que no se ha dictado un auto de procesamiento, por instrucciones sumariales erráticas como la de un juez desafortunadamente muy conocido y en compañía de una huelga de jueces y fiscales expresamente prohibida por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley reguladora del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Comprendo que es difícil concebir la inocencia de personajes como Santos Cerdán, Ábalos o Koldo después de haber visto y oído el intercambio de vídeos y audios que se enviaban y que resultan particularmente repugnantes, pero pensemos que no aparece el dinero, que no hay elementos probatorios suficientes en la instrucción y, en su caso, en el juicio oral. Sé que es difícil pensar que estas circunstancias van a concurrir, dado que los indicios delictivos son abrumadores, pero, duela o no, constitucionalmente siguen siendo inocentes.
El asalto al poder, lo que en su día Pablo Iglesias, fundador de Podemos, en expresión curiosamente bíblica, denominó “asalto al paraíso”, admite algunas licencias políticas, no exactamente legales, e incluso flexibilizar algunos preceptos constitucionales. En todo caso, hay que afirmar que menospreciar sistemáticamente la Constitución no debería ser coherente con partidos que la invocan permanentemente e incluso la arrojan contra los demás. Debe tener cuidado el Partido Popular con hasta dónde quiere llegar en su asalto al poder; espero que no sea prescindir de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, porque estos movimientos no tienen vuelta atrás.
Si prescindimos de la acción de la justicia, del derecho al juez natural predeterminado por la ley, a juicios basados en la legalidad y de carácter contradictorio y en la presunción de inocencia, estamos resquebrajando una de las columnas fundamentales sobre las que se sustenta cualquier sistema democrático.
Nos encontramos con que las democracias no siempre son fuertes y no carecen de enemigos: los autócratas. Personajes como Putin, Trump o Maduro se corresponden con este perfil al que se están acercando peligrosamente algunos partidos del Estado español.
La palabra “némesis” evoca a la enemistad que busca restitución o venganza. La definición es exacta para algunos partidos políticos en relación con la democracia, concepto de difícil concreción conceptual, pero podemos utilizar el de Alexis de Tocqueville: debe ser un hecho fundamental y trascendente la tendencia de las sociedades modernas hacia la igualdad de condiciones entre las personas.
Por ello, no nos olvidemos de citar a los suegros y, con ellos, a los tíos, cuñados y primos, con esta peculiar ampliación del campo político realizada por el Partido Popular, y recomendemos a los políticos analizar detenidamente su linaje familiar.
Jurista