La voluntad del legislador que aprobó por mayoría absoluta la Ley de Amnistía era que Carles Puigdemont participara libre de cargos en la sesión de investidura del nuevo president de la Generalitat, Salvador Illa. Pero el líder de Junts, retornó a su seguro refugio de Waterloo tras su fugaz visita a Barcelona para no ser apresado por los Mossos en cumplimiento de la orden de detención del juez Pablo Llarena. Pese a que la ley aprobada en el Congreso insta a los jueces a identificar a los afectados y aplicarles la norma “con carácter preferente y urgente” en el plazo de dos meses, cuando este tiempo ya se ha cumplido, apenas un centenar de los casi 500 afectados por las diversas causas vinculadas con el procés se han beneficiado de la norma. De estos casi cien absueltos de sus cargos, más de la mitad son agentes de policía que reprimieron de forma desproporcionada las pacíficas protestas del referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones que se organizaron en Catalunya meses después. Entre los amnistiados solo hay tres políticos, Marta Rovira entre ellos, sobre la que solo pesaba una causa por desobediencia. A estas alturas, es innegable que los jueces han asumido la misión de escudo para evitar el despliegue de la voluntad expresada jurídicamente en el texto de la norma. Es oportuno recordar como, incluso antes de que se conociera el contenido del texto, cuando solo existía la negociación sobre los términos de la ley, los jueces se movilizaron por todo el Estado para mostrar su frontal oposición. Vestidos con sus togas, jueces y fiscales se concentraron frente a juzgados y tribunales en un insólita movilización que ponía en entredicho la separación de poderes que tanto invoca la clase judicial cuando se siente señalada desde el ámbito político. En este contexto, es imposible no evocar el texto de WhatsApp del que fuera portavoz del PP en el Congreso Ignacio Cosidó, donde se jactaba de que su partido iba a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo “desde atrás”, o el mensaje de Aznar (“el que pueda hacer que haga”), en plena ofensiva contra la Ley de Amnistía y la investidura de Sánchez. Ambas frases juntas ayudan a entender lo que está ocurriendo con la ley de Amnistía, que aglutina la doble obsesión de la derecha española: Catalunya y Pedro Sánchez. Los primeros no se pueden ir de rositas, y el segundo debe ser desalojado. Dilatar, atenuar o directamente frenar los efectos de la Ley de Amnistía puede ser la llave para conseguirlo.