El reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno español, la patronal CEOE y los sindicatos para una nueva reforma de las jubilaciones apunta a medidas tendentes a retrasar la edad de retiro laboral, en principio sin alterar la edad legal, y a compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad remunerada. El objetivo de estos cambios es alargar la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras con medidas que lo incentiven. El fin último es, obviamente, reducir lo máximo posible el elevado gasto en las pensiones en un contexto de preocupante declive demográfico en el que se prevé la próxima jubilación de decenas de miles de personas pertenecientes a la generación del baby boom –la más numerosa de la historia–, lo que supondrá un incremento aún mayor en el desembolso que deberá realizar la Seguridad Social mientras que, al mismo tiempo, está en cuestión el relevo generacional. De ahí que la reforma sea imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema. Otra cosa es que las medidas previstas en el acuerdo entre el Gobierno español y los agentes sociales –que, como cualquier pacto fruto del diálogo, es obligado aplaudir– logren reducir el desequilibrio existente, como ya advirtió la Comisión Europea y constata el Banco de España. El propio regulador plantea que el alargamiento de la vida laboral parece imprescindible –excluyendo las profesiones especialmente duras y penosas–, aunque apunta a que es necesario eliminar elementos que están “contribuyendo a expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad”. En Euskadi, cerca del 40% de los trabajadores se jubilan antes de la edad laboral y sus pensiones son de las más elevadas del Estado. De ahí que la extensión de la actividad en proporción a la esperanza de vida sea importante, aunque no será suficiente si al mismo tiempo no se abordan medidas reales y efectivas para abordar el reto demográfico y para la entrada en el mercado laboral de las nuevas generaciones y la justa remuneración de estos trabajadores, lo que contribuiría también a reforzar la sostenibilidad del sistema. Asimismo, deben concretarse y afinarse los aspectos relativos al retraso en la edad de jubilación así como las variantes de jubilación activa y parcial, que ahora se plantea adelantar incluso tres años, así como la situación de los autónomos.
