Una semana después de la celebración el pasado 28 de julio de las elecciones presidenciales en Venezuela, aumenta la convicción de que el régimen de Nicolás Maduro intenta llevar a cabo un fraude en el recuento de los votos con el objetivo de proclamarse vencedor en las urnas y perpetuarse así en el poder. La negativa a hacer públicas las actas que reflejan el conteo de los sufragios supone por sí solo una quiebra del sistema electoral inasumible desde cualquier perspectiva democrática y un indicio claro del pucherazo que denuncian la oposición venezolana, organismos internacionales y múltiples países. La disidencia agrupada en torno al candidato Edmundo González Urrutia, por su parte, también se ha proclamado ganadora de los comicios, pero obviamente tampoco puede desmostrarlo al carecer de la información y los datos fehacientes globales. La democracia solo puede basarse en la garantía absoluta de la limpieza de unas elecciones libres. El Centro Carter, organización internacional de expertos dedicada a ayudar a establecer y fortalecer las democracias y que participó como observador en las elecciones venezolanas, ya ha advertido de que el proceso en el país caribeño “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrática” y añadió que “no puede verificar o corroborar la autenticidad” de los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. En este contexto, el país vive una situación de tensión e incertidumbre y de máxima polarización, mientras el régimen intenta mantener su poco creíble versión y continúa con su férreo cierre de filas que incluye la represión total, hasta el punto de que la líder opositora, María Corina Machado, ha tenido que pasar a la clandestinidad al temer por su vida. Esta creciente tensión amenaza con una fractura social. Sin llegar al punto de la decisión de EEUU de declarar vencedora a la oposición, la comunidad internacional debe mantener la presión sobre el régimen de Maduro para que haga públicas las actas y revertir la situación garantizando un proceso netamente democrático y, en su caso, una transición pacífica que garantice la estabilidad y la convivencia. Dejar que los extremismos de derecha e izquierda capitalicen las posiciones sería tan negativo como nefasto y frustrante.