1. En los últimos años, hemos convertido el derecho a decidir en el eje vertebrador de nuestro desarrollo nacional. Sin embargo, ese derecho a decidir –entendido como lo hace Jaume López, uno de sus divulgadores más elocuentes– se formula como una nueva versión del café para todos, casi tan desnacionalizadora como las anteriores. Cierto que de esa retórica universalista pueden abrirse opciones de autogobierno democrático, pero también efectos indeseados, como que las singularidades de los pueblos con historicidad puedan acabar diluidas bajo un decisionismo sin sentido nacional.
Sin duda, el hecho de acogerse a una legitimidad histórica al margen de lo que exprese la voluntad popular no tendría encaje en un proceso democrático. Pero, el mero ejercicio del decidir sin la perspectiva de la continuidad nacional podría resultar en una acción caprichosa, sin arraigo ni rumbo, sin respeto hacia el pasado ni responsabilidad ante el futuro, que otorgaría carta blanca a la difuminación de nuestra singularidad como comunidad nacional.
2. Desde el desencadenamiento del proces, nuestra cuestión nacional vivió sumergida en una evolución mimética de lo catalán, mero reflejo de tiempos y situaciones que no se ajustaban a la realidad vasca. A partir de la explosión del reñidero español, no se ha podido evitar un importante deslizamiento de la política vasca hacia Madrid. Al margen de que la conversación pública vasca se haya impregnado de expresiones importadas de aquel escenario, se ha producido también un cierto desplazamiento del foco de las expectativas políticas.
No son pocos los que piensan ahora que la polarización creciente en España abre unas condiciones de contexto favorables para una transición plurinacional en el Estado que permitiría dar respuesta a nuestras aspiraciones nacionales. Desde nuestra experiencia histórica, sin embargo, deberíamos preguntarnos por las posibilidades reales que, para nuestro porvenir como pueblo, podría abrir su intervención en un proceso plurinacional que gravita en derredor de Madrid capital.
La plurinacionalidad se presenta como una especie de internacionalismo a escala estatal. Pero fija su posición en torno a la naturaleza del régimen en España y otorga prevalencia a una agenda correspondiente a tal escala. No es creíble que pueda abrirse un proceso plurinacional en España con garantías, mientras la cultura del unitarismo castellanista permee todas las estructuras de poder estatal e integre a los protagonistas principales de las alianzas que, a un lado u otro del espectro político, compiten por las mismas.
Además, de participar en el bloque que alinea la plurinacionalidad al servicio del cambio de régimen, la singularidad vasca se difuminaría en la heterogeneidad constitutiva de los integrantes que buscan tal cambio. Como mínimo, las estrategias propiamente vascas quedarían desdibujadas en favor de la acción unitaria a la que predispondría la prioridad de sostener el bloque de cambio en el Estado. Y todavía hay más cosas a considerar y preguntarse. Por ejemplo, ¿qué tipo de plurinacionalidad cabría sostenerse con socios políticos que no dejan de poner en riesgo la singularidad financiera vasconavarra cuando la tachan de insolidaria?
3. Entre los partidos vascos, EH Bildu ha hecho plenamente suya la línea de la plurinacionalidad. Estaríamos, según Arkaitz Rodríguez, ante la “oportunidad histórica de dar solución al conflicto español”. La versatilidad estratégica de esta izquierda vasca no puede sorprender más que a quien todavía siga creyendo que el enfoque de sus políticas proviene principalmente del nacionalismo vasco. Realmente, las palabras del dirigente de Sortu expresan una posición coherente con la línea que han mantenido invariable desde la salida de la dictadura. Su contradicción principal se sitúa (ahora de forma muy visible) en la sustitución del actual sistema político estatal. La causa vasca, de esta manera, se hallaría sometida a la resolución del conflicto español. Un carlismo del siglo XXI.
¿Qué beneficios ofrece realmente esta estrategia plurinacional a Sortu y su frente amplio? Como reforma integral del Estado, la plurinacionalidad tiene apariencia de nuevo tiempo constituyente español, lo que podría llevar a la institucionalidad vasca a tener que enfrentarse con un escenario de tabla rasa. Desde la tradición política de la que proceden Rodríguez y Otegi, se podrían cobrar la pieza que persiguieron durante décadas: la deslegitimación de las actuales y vigentes instituciones vascas. Se produciría a un precio costoso. Desde luego, ante la apertura de esa revisión a nivel estatal, nadie podría garantizar que no habría retroceso en autogobierno vasco. Pero, sobre todo, frente a la legitimación que proviene de su historicidad foral y que les dota de un estatus singular, la nueva fuente de legitimidad del orden institucional vasco solo podría residir en su origen plurinacional. Al final, nuestra característica original de sujeto político con singularidad nacional podría ser suplantada por una subjetividad subsumida en el denso magma de una plurinacionalidad que, más allá de las comunidades históricas, no existe en realidad.
4. En su discurso de investidura, el lehendakari Pradales defendió el objetivo de crecer en autogobierno. De acuerdo con la línea que señaló en su intervención, en esta legislatura deberíamos ser capaces de defender el autogobierno que ya ejercitamos, de culminar la recepción de las transferencias comprometidas desde 1979 y de alcanzar un nuevo pacto estatutario que se sostenga en una amplia base de consenso. Las claves que habrán de determinar nuestros movimientos y posiciones en este proceso, según señaló Pradales, seguirían siendo la defensa de nuestra singularidad nacional y la bilateralidad ante el Estado. De esta manera, la cuestión del autogobierno vasco-occidental queda delineada de forma perfectamente coherente con la tradición institucional de la que proviene su legitimidad histórica. Una tradición, por añadidura, que sigue ofreciendo enseñanzas vitales a todas las comunidades vascas.
No está nada mal demandar a otros que reconozcan la singularidad nacional vasca, pero nuestra primera obligación es defenderla. Lo que habría de exigirnos, en primer lugar, un esfuerzo por recuperar para nuestras comunidades políticas (y sus necesidades) el centro principal de la agenda política.
Ciertamente, mientras el Estatuto vasco siga abierto en canal, el contencioso vasco continúa activo, y no será la mejor muestra de oportunidad para la apertura de una nueva fase. Pero, no podemos caer en la simpleza de circunscribir la acción política a la confrontación política con el Estado. Nadie puede negar que necesitamos instrumentos de poder público y garantías de que se cumple la voluntad popular. Pero, para afianzar sólidamente un crecimiento institucional se requiere una gran activación social. Es la sociedad, sus fuerzas vivas, la que sostiene el autogobierno público, y menos al revés.
Además, si se trata de que el presente y el futuro estén principalmente en nuestras manos, sería un error creer que la comunidad vasca solo se puede organizar con la vista puesta en las competencias disponibles en el sector público, a la vez que desatendemos (o mutilamos) las potencialidades que presentamos en los ámbitos no necesariamente públicos, provenientes del tejido vecinal o asociativo y del ámbito de la iniciativa social y el trabajo.
Más que en otras dimensiones (más formales o institucionales) a las que apelamos constantemente, es en el sostenimiento de la fortaleza de esa dinámica social (asociativo-comunitaria, cultural y económica) donde reside la auténtica garantía de la pervivencia de nuestra singularidad y sentido nacionales. Así, la consecución del mayor nivel de autogobierno público será posible en la medida en que nuestra comunidad pueda mantener el mayor nivel de organización interna y dinamismo que le sea posible.
Analista
