El llamado caso Koldo y sus derivadas han activado de nuevo las alarmas de la ciudadanía en torno a la dimensión ética de la política. Cabe recordar que Ábalos era el secretario de Organización socialista en 2018 cuando se presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy a raíz de la sentencia del caso Gürtel, que condenó al Partido Popular como partícipe “a título lucrativo”. Fue hombre clave en las negociaciones para forjar las mayorías necesarias para apartar al entonces presidente del Gobierno y situar a Pedro Sánchez como jefe de un Ejecutivo que exigía tolerancia cero contra la corrupción.
La querella fue presentada por Anticorrupción hace varios meses tras más de un año de investigación a raíz de una denuncia del PP de Madrid, y señala a Koldo García, el hombre de confianza de Ábalos cuando este era ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE. Y las derivadas penales y políticas de este nuevo escándalo van a ser muy muy relevantes e introducen otro factor de incertidumbre en relación al desarrollo de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Las relaciones entre ética y política son un tema de viva discusión cotidiana, ahora de nuevo más que nunca. Han coincidido en el tiempo diversas circunstancias cuya resultante es demoledora para nuestras prácticas habituales y que nos va a obligar a una profunda elevación de los criterios de lo que juzgamos aceptable en política desde un punto de vista ético.
La ética y la conciencia privada son importantes, sin duda, pero nuestras legítimas exigencias democráticas superan la mera conciencia privada, son más amplias que el hecho de actuar dentro de los márgenes de lo jurídicamente irreprochable. El parámetro de valoración de la política y de los políticos no puede ser el código penal. Entre lo penalmente sancionable y el ámbito privado de conciencia debe alzarse también una ética pública. La ética marca los límites de la política, pero no sustituye a ésta.
Un gobierno ha de ser éticamente intachable, no puede haber un buen gobierno ni un buen político si no se respetan unos mínimos éticos, pero la ética sin más tampoco garantiza la buena política. Lograr el equilibrio entre el componente ético, el liderazgo, la gestión eficiente, la correcta jerarquización de actuaciones y actuar bajo principios de buen gobierno capaz de aglutinar consenso ciudadano dará como resultado un buen gestor de la cosa pública. Y para todo ello, para la regeneración de la política, para creer y confiar de nuevo en la política y en los políticos necesitamos una conciencia ciudadana que conducta a la necesaria y previa regeneración institucional.
Es fundamental incorporar la ética a todos los aspectos de lo público en los tiempos que corren; un gran especialista en esta materia, Rafa Jiménez Asensio, nos recordaba que en esta materia la clave nos la aportó Adam Smith, quien en su espléndida obra Teoría de los sentimientos morales, afirmaba que el mejor estadista, en cuanto servidor público, es el que aúna “la mejor cabeza, junto con el mejor corazón”. La mejor cabeza son las competencias profesionales acreditadas. Y el mejor corazón, cuando a ellas se les suma un comportamiento ético o íntegro.
Los servidores públicos, sean estos políticos, directivos o funcionarios, son el espejo institucional en el que se miran los ciudadanos. Si sus conductas o comportamientos no son adecuados, el espejo se rompe y la confianza ciudadana en las instituciones desaparece. Romper la confianza es muy fácil (basta un acto de corrupción o mala administración), restablecerla es misión casi imposible.
