Una semana después de la celebración de las elecciones municipales y forales y con los resultados de las urnas ya digeridos, el escenario institucional en la CAV está bastante despejado a falta de algunos flecos y negociaciones sobre el terreno concreto. Antes y durante la campaña, había pocas dudas de que el acuerdo marco firmado por PNV y PSE que llevaba cuatro años funcionando con normalidad y declarada satisfacción por ambas partes sería reeditado, siempre en función del veredicto de las urnas. La confirmación de la vigencia del pacto durante una legislatura más, realizada el viernes por jeltzales y socialistas mediante una nota oficial conjunta, pone el foco en la gobernabilidad y la estabilidad institucional, pero también en las bases programáticas sobre las que se sustenta el acuerdo. Los ayuntamientos y diputaciones conformados en virtud de este pacto se comprometen a hacer frente a los grandes desafíos que afronta la sociedad vasca, como, según el propio texto indica, “la protección de los servicios públicos, la lucha contra las desigualdades, el impulso al progreso y la justicia social” y la respuesta a retos trascendentales como “el climático, el demográfico y la adaptación a una nueva economía productiva con nuevos empleos y derechos laborales”. El contexto y contenido del acuerdo no permiten concluir que esté planteado contra nadie ni tenga el objetivo de “quitar” instituciones a otras formaciones que pudieran haber tenido más votos el 28-M en municipios o territorios concretos. Supone, por contra, la continuidad de una alianza plural que refleja en su conjunto la centralidad política y social del país incluida su diversidad ideológica y que objetivamente ha dado buenos resultados en su aplicación. Es comprensible la frustración de quienes en virtud de este acuerdo ven perdida su aspiración de gobernar sin contar con la imprescindible capacidad de tejer alianzas y complicidades que le den la mayoría. Menos entendible es el cambio de criterio del PP, que ha pasado de una postura supuestamente ética de ceder sus votos “a cambio de nada” para impedir que EH Bildu gobierne a exigir contraprestaciones y puestos en gobiernos. En todo caso, cabe esperar un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los partidos, incluido Elkarrekin Podemos, que debe tomar decisiones clave en algunos ayuntamientos.