Demasiado ruido, demasiada pose y demasiada tabla rasa en las relaciones institucionales juegan en contra de la eficacia a la hora de gestionar las necesidades de la ciudadanía. La próxima semana tendrá lugar una reunión entre Gobierno español y autonómicos que debió producirse como mínimo antes de decidir unilateralmente y por decreto dictando unas medidas de ahorro energético que pueden ser más o menos razonables o matizables pero que, fundamentalmente, tendrán que ser implementadas, facilitadas y vigiladas por las comunidades autónomas. No ayudan en esta necesaria coordinación previa y racional de las acciones compartidas ni la constante estrategia de provocar el desgaste del ejecutivo de Pedro Sánchez y la autopromoción de la presidenta de la comunidad de Madrid ni el tic centralizador del que no logra librarse el gobierno socialista. La cita del martes llega condicionada por ambas circunstancias. En primer lugar, no es de recibo que 24 horas antes de la entrada en vigor del decreto de medidas de ahorro energético se convoque a las comunidades a una cita cuya utilidad está por acreditar. No puede ser un mero dictado de decisiones adoptadas sin contraste pero se antoja que el margen de adaptación de las iniciativas a aplicar está muy reducido. Pero si algo no puede ser la reunión es un cuadrilátero para el lucimiento de una pugna de dos unilateralidades: la del ejecutivo y la de la presidenta de Madrid. El protagonismo buscado y hallado por esta puede condicionar y desmerecer definitivamente toda posibilidad de reconducir lo que a todas luces ha sido un error de Sánchez. El autonómico es, con carácter general, mucho más que un modelo jerárquico de supeditación institucional y eso debería saberlo mejor que nadie un partido con la tradición federal del socialista. Pero es que, además, en términos prácticos la cogobernanza es una imperiosa necesidad para el propio gabinete español, carente de los medios de hacer cumplir muchas de las medidas que dicta –como ya se acreditó en el ámbito sanitario en pandemia– por el mero hecho de que se puede forzar un marco jurídico coyuntural que genere invasiones competenciales, pero sencillamente hay una dependencia práctica de quien ha desarrollado las estructuras de aplicación de sus competencias. Por no hablar de la debida y ausente bilateralidad hacia Euskadi. l