La presentación del Proyecto de Ley de Secretos Oficiales solo puede calificarse de decepcionante. La iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede ampararse en la premura porque, si el texto propuesto es fruto de la improvisación, lo sería por propia decisión, no por circunstancias ajenas al Gobierno español. Durante los últimos seis años, se ha dispuesto en el debate jurídico y legislativo en Madrid de sucesivas bases de análisis, debate y encuentro a través de propuestas en las que se ha implicado especialmente el Grupo Vasco. Acometer la reforma de una Ley de hace más de medio siglo, heredada de la dictadura y carente de las precisas garantías democráticas debió ser una prioridad en materias tan sensibles como las acciones encubiertas del Estado. Sin control político de sus aparatos encomendados al monopolio de la fuerza, la impunidad subsiguiente debilita a cualquier democracia. La propuesta presentada peca de falta de ambición. No es valiente en la consideración de los plazos de desclasificación de los secretos oficiales ni garantiza el esclarecimiento de sucesos luctuosos en los que los principios de verdad justicia y reparación obligan directamente a estructuras del Estado. Anunciada solemnemente por el presidente en Pleno parlamentario, la montaña del proyecto está apunto de parir otro ratón en forma de ley insuficiente. Esta decepción vuelve a apelar al propio presidente Sánchez, toda vez que en este asunto es obvia la distancia que separa a la titular de Defensa, Margarita Robles, de las prioridades de los socios del gobierno. La preservación del secreto parece haberse convertido en el eje de una iniciativa que no sirve, en su configuración actual, al interés democrático superior de la transparencia y el control que aporta la separación de poderes. Se abre de nuevo una puerta para el encuentro o el desencuentro. La decepción entre los socios de Sánchez, con quienes más han demandado una ley que asegure el control de las acciones del Estado por los poderes democráticos –y es incuestionable que esa lista la encabeza el PNV– a la cabeza, no se soslaya con la tentación de aceptar la oferta de quienes menos han hecho por esa clarificación –el PP, que se ofrece a cerrar un pacto en esta materia–. Sánchez vuelve a la encrucijada de elegir no solo socios para su acción de gobierno sino de elegir la dirección de esta hacia el consenso o la restricción de la verdad.