o es un tema sencillo de abordar con serenidad. Pero detrás hay largas y dolorosas historias de niños que han sufrido las consecuencias de los abusos sexuales a los que fueron sometidos por sacerdotes y religiosos tanto en parroquias, como en centros de enseñanza.

Han tenido que ser las duras confesiones del novelista Alejandro Palomas, quien, cuando tenía entre 8 y 9 años, fue violado repetidamente por un profesor y tutor de un colegio religioso, así como la investigación de El País, que habla de 251 violadores, quienes han hecho saltar las alarmas.

Podemos, ERC y Bildu han pedido la creación de una Comisión del Congreso para que aborde el problema concreto del abuso de menores por parte de religiosos y sacerdotes. Se ha sumado Ciudadanos. El presidente, siguiendo la propuesta del PNV, prefiere una comisión de expertos presidida por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo. El PP se negó en un primer momento a una Comisión nombrada por el Congreso, porque podría terminar en una descalificación general de la labor de miles de religiosos y sacerdotes.

En cualquiera de los casos la función de la Comisión debe ser, en primer lugar, conocer los hechos y el número aproximado de niños afectados por abusos sexuales. Igualmente saber cómo han abordado los obispos y los superiores religiosos estos abusos, cuando los han conocido.

Sin embargo, el objetivo central de la investigación tienen que ser las víctimas. Qué consecuencias fisiológicas y psicológicas de insomnios, pesadillas provocó la violación; qué sensaciones de culpabilidad o de humillación han sufrido los niños; qué daños morales y psíquicos han padecido en el desarrollo de su personalidad y de su sexualidad; cómo han vivido los abusos de un profesor religioso o un sacerdote amigo a quien el niño respetaba y en el que confiaba y que desconocía la razón de aquellos tocamientos continuados que le provocaban perplejidad, miedo, rechazo, sometimiento y angustia. Y si, como consecuencia de aquellos hechos, han sufrido, a lo largo de su vida, ansiedad, desequilibrios sexuales y diferentes problemas mentales. Ahí está el principal problema.

Las autoridades religiosas no denunciaron aquellos hechos. Se limitaron a trasladar al pederasta a otro lugar. ¿Pensaron prioritariamente en la víctima indefensa que dejaba el pederasta en el camino? Parece que no.

Desde el año 2002 la pederastia en ámbitos religiosos está siendo un tema recurrente en diferentes países. Comenzó en Estados Unidos, cuando el periódico The Boston Globe informaba de la condena a 10 años de cárcel a un sacerdote por haber violado a un niño de diez años. A partir de aquella condena se multiplicaron las denuncias. Fueron acusados 85 sacerdotes. Hubo protestas ciudadanas. El arzobispo y cardenal Bernard Francis Law, acusado de haber permitido que algunos sacerdotes siguieran ejerciendo el ministerio, se vio obligado a presentar su dimisión ante el Papa Juan Pablo II.

En Francia una Comisión Independiente, compuesta por 21 expertos, nombrada por los obispos y religiosos, se ha encargado de estudiar el tema. El resultado ha sido desolador por el número tan elevado de víctimas como de pederastas religiosos (se habla de más de 2.000). Jean-Marc Sauvé, Presidente de la Comisión, afirma que “las consecuencias son muy graves. Alrededor del 60% de los hombres y mujeres que fueron abusados sexualmente tienen problemas importantes en su vida sentimental o sexual”.

Más conocidos han sido los problemas vividos en Chile en 2018, con ocasión de la accidentada visita del Papa Francisco, que primeramente defendió al obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de proteger a un sacerdote pederasta. Los problemas se multiplicaron hasta el punto de que la mayoría de los obispos presentaron su dimisión al Papa.

En Alemania, los obispos católicos, las órdenes religiosas y los obispos luteranos crearon, en 2018, una comisión para el estudio de los daños provocados por los abusos sexuales y reparación de los mismos. El Cardenal de Munich, Reinhard Marx, presentó su dimisión (que no fue admitida) por no haber denunciado algunos hechos que parece tuvo que haber conocido y que también han salpicado al Papa Ratzinger.

En España, el informe de El País ha provocado una gran preocupación en la Iglesia y en la Confederación de Religiosos. Pero se niegan a crear una comisión que estudie el tema. El cardenal arzobispo de Barcelona, Presidente de la Conferencia de Obispos, Juan José Omella, afirma que “No hace falta multiplicar entes. En cada diócesis hay la parte de los tribunales y el servicio de atención a las víctimas”. Últimamente el cardenal de Madrid, Carlos Osorio, no se cierra a la posibilidad de crear una comisión

Jesús Díaz Sariego, Presidente de la Conferencia de Religiosos Españoles, “considera que inevitablemente hay que hacer una revisión del pasado” en el caso de los abusos sexuales, “proceder en conjunto, coordinarnos y así poder responder más y mejor a esa demanda social”.

Unas respuestas, sin duda, decepcionantes en estos momentos en que la sociedad necesita conocer los hechos y su gravedad. Pero, sobre todo, descubrir el rostro de las víctimas, escuchar sus palabras, pedirles perdón y buscar soluciones a los problemas derivados de su violación. * Catedrático de Sociología