8 de febrero de 1982

Lo que institucionalmente suponía la culminación de una meta laboriosamente gestionada -habría otras- en el marco del proceso de recuperación de la Policía del País Vasco, suponía a la vez para la sociedad vasca el primer paso para satisfacer una aspiración largamente esperada.

Los nervios a flor de piel; mientras para unas personas finalizaba la primera parte de un proceso selectivo con su ingreso en la en aquel entonces “Academia de la Hertzaina”, para otras suponía el momento de confrontar la realidad de una demanda con los recursos existentes para atenderla.

Las instalaciones tenían todavía algunas carencias que hacían inviable el inicio de su actividad. Se recogió la documentación aportada por los futuros alumnos y se difundieron las indicaciones iniciales, convocándoles para una semana más tarde.

Era la prueba de fuego de una maratón que formalmente había dado comienzo tras la aprobación del texto estatutario a finales de 1979, que conllevó bastante esfuerzo y trabajo preparatorio y que, en lo sustantivo, empezó a tomar forma en materia de policía y seguridad el 15 de enero de 1981 con la publicación del conocido como real decreto de restauración de Miñones y Miqueletes que estableció que en el plazo máximo de seis meses, comenzara a operar dicha policía con una plantilla inicial constituida por quinientos hombres antes del treinta y uno de diciembre de ese mismo año; además las funciones de policía de tráfico serían desempeñadas inicialmente por una plantilla integrada por doscientos hombres. La nueva visión de la función policial en Euskadi planteó así otra cuestión a superar. Pero habría aún que esperar a la planificación de la siguiente promoción para comenzar a enfocar los procesos de selección y formación académica con perspectiva de género.

En el marco del proceso de consolidación de nuestro autogobierno, el 27 de junio de 1981 el BOPV publicó la convocatoria para cubrir 700 plazas mediante un concurso oposición. Se presentaron 1.203 aspirantes. Pero el reto era enorme y el plazo casi imposible, con muy diversos frentes por abordar y muchas cuestiones por cerrar. Una de ellas básica: para todo esto eran necesarios importantes recursos económicos y un lugar físico.

Tras arduas negociaciones, a finales de 1981 en un nuevo real decreto mediante el que se aprobaba la financiación de las competencias asumidas por la CAPV en materia de Policía, se aprobaba el presupuesto de instalación de una Academia para la formación de la Policía de la Comunidad Autónoma Vasca, por un importe de 2.291.000.000 de las antiguas pesetas, conforme a los estudios económicos elaborados por el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. La mencionada cantidad incluyó la inversión exigida para el primer establecimiento de la Academia, por los conceptos de terreno, construcciones, mobiliario, galería de tiro, pista de aplicación, instalaciones de entrenamiento y otras de carácter similar por un importe de dos mil sesenta y cuatro millones de pesetas.

La colaboración del diputado José María Gerenabarrena, con su apuesta por el proyecto, fue decisiva. El esfuerzo ímprobo de un reducido grupo de personas -el Departamento de Interior se podía circunscribir a un pasillo de la 2ª planta del veterano edificio de la sede del Gobierno Vasco en Lakua- resultó fundamental para intentar dotar de los medios necesarios para hacer funcionar como Academia de Policía a una infraestructura previamente destinada a otros fines sita en Arkaute y a un hotel adyacente.

Y los doscientos veintisiete millones de pesetas restantes previstos en el decreto se reconocieron como compensación de los gastos de plantilla y de diverso material necesario para el funcionamiento del centro de formación policial, cuantificado tomando como modelo el coste de la formación de la policía estatal.

Mientras todo esto tenía lugar, las diversas fases del proceso selectivo de los futuros aspirantes seguían un camino paralelo. Pero había que pensar en que en un servicio policial hacían falta mandos, porque la policía -como muchos entornos laborales aunque sea con otras denominaciones- es una estructura organizada y jerarquizada. Y es que, si bien la Ley de Gobierno de 1981 ya recogía que correspondía al Gobierno Vasco “el mando supremo de la Policía Autónoma, que lo ejercerá por medio del Lehendakari”, el día a día del servicio policial requiere su gestión por medio de mandos profesionales. El estado, en su desconfianza, planteó que fueran mandos militares, de los que en octubre de 1981 el lehendakari acabó designando a tres de entre los que se presentaron; fueron además quienes asesoraron en diversos aspectos prácticos para la puesta en marcha de la academia así como en la elaboración de algunos de sus textos vinculados a cuestiones operativas. Para las no operativas se contó con un elenco de personal técnico en diversas disciplinas que comenzó su trabajo en diciembre.

Y no menos importante, tras la creación de la Junta de Seguridad del País Vasco mediante la DT 4ª del propio Estatuto en la que se le asigna una importante tarea, tal cual es la de determinar el estatuto, reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento de los cuerpos de policía autónoma, fue que este órgano comenzara sus reuniones el 9 de Enero de 1982. Tampoco fue sencillo. La relación institucional se veía en ocasiones alterada por la falta de costumbre en alcanzar consensos en materias que la predemocracia no había requerido. En primer lugar fueron objeto de minuciosa revisión los listados de aspirantes que habían sido seleccionados por el Gobierno Vasco, quienes finalmente iniciaron el curso en la Academia el día 8 de febrero de 1982, muchos de ellos dejando atrás lo que hasta entonces habían sido sus desempeños laborales. Un tiempo récord. Aquel día, inolvidable para la mayoría, se puso en marcha en el centro un sistema de internado. Y la Junta abordó también de inmediato el reglamento de régimen interior de la Academia que se publicó el 22 de febrero.

Continuó el curso académico y, tras seis meses, lo superaron 603 alumnos que salieron a la calle como I Promoción el 29 de julio de 1982 destinados a la seguridad de instituciones. Doscientos de ellos continuaron su formación en materia de tráfico y transportes; el 15 de octubre se publicó el Decreto que transfirió a la CAPV la ejecución de competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos. En enero de 1983 los primeros agentes de la I Promoción destinados a las Unidades de Tráfico salieron de la Academia.

Los integrantes de esta I Promoción fueron los pioneros de un nuevo servicio policial; nuevo por su modelo, por sus valores y por su filosofía de servicio e, incluso, en las cuestiones de imagen. Y ante este reto inmenso de formar agentes mientras se prestaba el servicio policial a la ciudadanía esa promoción abrió camino a las siguientes en el seno de una sociedad ansiosa por disponer de una policía propia.

Creo oportuno recordar hoy a la Academia de Arkaute como el origen de la formación de lo que es la actual Ertzaintza, una realidad que partió de allí hace 40 años. Como todo, mejorable, y sin duda en ese empeño se continua cada día. Seguro que con un anecdotario que permitiría escribir libros enteros pero que es de exclusiva pertenencia de quienes lo han vivido. Un colectivo de personas unido por la decisión de unirse al proyecto de uno u otro modo en un momento de su vida, compartiendo compromiso, objetivos y destino. En unos tiempos difíciles y muy distintos a los actuales. Tributario en su conjunto de nuestro agradecimiento por ello. Sin vosotras y vosotros no hubiera sido posible. * Funcionario del Departamento de Interior desde 1981. Director entre 1987 y 2009