ntre la acalorada bronca por los indultos del procés, la apasionante polémica del chuletón al punto y la amplia remodelación del Gobierno, apenas ha habido tiempo y espacio en los medios para dedicar la atención debida al anteproyecto de ley sobre la reforma de la regulación de las pensiones que el pasado 6 de julio ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, el último del anterior Gobierno antes de su remodelación. Ya sabemos que este es un tema que no resulta tan excitante como las invectivas a propósito de los indultos ni se presta a comentarios tan ocurrentes como los que provoca un buen chuletón o a análisis tan sesudos como los que se hacen con motivo de una remodelación del Gobierno; pero tampoco está de más dedicar algo de atención a este tema, que nos afecta de forma decisiva a todos.
Las pensiones públicas, y todo lo relacionado con ellas, incluidas las reformas de las que puede ser objeto su regulación, constituyen un elemento esencial de lo que, sobre todo en Europa desde la segunda posguerra mundial, conocemos como Estado social. Así se contempla, bajo formas diversas en cada país, en los textos constitucionales y legislativos europeos, en los que la protección social y, de forma muy especial, las pensiones, son objeto de una amplia regulación que revela el papel determinante que juegan en las políticas públicas. Ningún gobernante, sea del signo que sea, puede soslayar este tema si bien el resultado final dependerá de las respuestas que se den a los retos que plantea en el momento actual el mantenimiento de la protección que dispensa el Estado social y, en particular, del sistema público de pensiones.
En este marco hay que situar las medidas adoptadas recientemente en relación con la reforma de la regulación de las pensiones, que no son sino un primer paso (faltan todavía muchos más pasos y muy importantes) de un camino que no va a ser nada sencillo. En concreto, lo único que se ha hecho en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio ha sido dar forma prelegislativa (lo que se ha aprobado es un anteproyecto de ley, ni siquiera es un proyecto de ley) a los acuerdos (1 de julio) entre el Gobierno y las organizaciones patronales y sindicales que los suscribieron sobre una serie de materias que no agotan, ni mucho menos, el ámbito de la negociación en torno a las pensiones. Estos acuerdos, a su vez, dan continuidad a lo acordado a finales del pasado año en el marco del Pacto de Toledo.
Una cosa hay que decir de entrada, a pesar de lo limitado del ámbito al que se ciñe el referido anteproyecto de ley, que hace referencia a los cambios introducidos en relación con la regulación que establecía la anterior reforma de 2013, aprobada por el Gobierno del PP al margen de cualquier acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales. En este sentido, es preciso reseñar que ahora sí ha mediado un acuerdo previo entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales y que, a diferencia de la regulación anterior, se prevé una revalorización de las pensiones en función del aumento del IPC, lo que supone un cambio importante. Así mismo, se elimina la referencia al factor de sostenibilidad en los términos en que estaba contemplado en las previsiones de 2013, que suponía una pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones.
Si bien es preciso valorar debidamente estos cambios, que no deben ser minusvalorados, ello no debe hacernos olvidar que quedan por determinar cuestiones esenciales sobre el futuro de las pensiones. Empezando por la concreción del mecanismo de solidaridad intergeneracional, sustitutivo del factor de sostenibilidad, cuya determinación se ha aplazado a negociaciones posteriores. Se trata de uno de los asuntos que mayores dificultades presenta -no es por casualidad que haya sido aplazado- ya que no resulta nada fácil encontrar la fórmula que combine debidamente, y de forma satisfactoria para todos, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la suficiencia prestacional de estas, lo que sin duda constituye la cuestión clave a dilucidar en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales.
Sin entrar en un examen pormenorizado de todo el contenido del Acuerdo (y del anteproyecto de ley en tramitación) que no es posible en estas breves líneas, sí es preciso llamar la atención sobre un punto al que no se hace referencia y que no puede ser olvidado en ningún acuerdo sobre pensiones, como es el necesario aumento de las más bajas, en algunos casos manifiestamente insuficientes. Hay que recordar que la Constitución (arts. 41 y 50), así como los textos suscritos en esta materia, utilizan el concepto de suficiencia prestacional y no el de pensiones de mínimos; lo que interesa poner de relieve ya que no es infrecuente oír y leer cosas que asocian la idea de pensión pública con pensión de mínimos, que debería ser completada con otras fuentes de ingresos propios en el sector privado.
Un tema que se ha planteado estos días, coincidiendo con la firma del acuerdo (1 de julio) y con la aprobación del anteproyecto de ley (6 de julio) es el de los babyboomers y los problemas que plantean para la sostenibilidad del sistema. En realidad el tema de la (no)sostenibilidad es recurrente y se plantea siempre (ahora ha sido a cuenta de los babyboomers pero siempre hay algún motivo) para tratar de convencer al personal de que el sistema de pensiones públicas es insostenible y, por tanto, es obligado reducir el gasto en pensiones o derivar el insostenible gasto público que comporta hacia los fondos de pensiones privados; o, mejor aún, las dos cosas, que es lo que se viene propugnando insistentemente desde el liberalismo económico en su embate (ahora que la palabra se ha puesto de moda) por el vaciamiento del Estado social.
No cabe duda de que la sostenibilidad del sistema público de pensiones plantea problemas reales, más teniendo en cuenta la evolución demográfica de nuestra sociedad; pero sostener que la única solución ante ello es reducir el gasto en pensiones, y en protección social en general, es algo que puede estar muy de acuerdo con las tesis del liberalismo económico en boga pero que no concuerda nada bien con la defensa de los intereses sociales de una amplia mayoría de la población. También pueden aumentarse los ingresos para conseguir una suficiencia fiscal que permita financiar los gastos sociales necesarios para el bienestar de la población; sobre todo teniendo en cuenta el acusado déficit fiscal que tenemos en relación con los países de nuestro entorno y, en especial, con los más avanzados que deben ser nuestro referente.
No es posible resolver el problema de las pensiones sin plantear a fondo la cuestión de los ingresos necesarios para financiar los gastos inherentes a la acción protectora del Estado social. Esta es la cuestión central a resolver, que va más allá de la separación de gastos y de liberar a los Presupuestos de la Seguridad Social de los denominados gastos impropios; lo que debe ser valorado positivamente pero para garantizar la suficienciaprestacional, en especial de las pensiones, es preciso garantizar la suficiencia financiera y fiscal para poder hacer frente a los gastos que comporta. Si realmente se opta por el mantenimiento de la protección que dispensa el Estado social (si no, hay que decirlo claramente) resulta obligado dotarse, mediante las medidas fiscales oportunas, de los medios necesarios para disponer de recursos financieros suficientes.
Está por ver cuál va a ser la evolución que va a seguir la negociación en curso sobre la reforma de las pensiones en los próximos meses hasta que se apruebe la regulación sobre la materia (aún no se ha aprobado nada), cuya entrada en vigor está prevista para el próximo año. Conviene no olvidar que tanto el anteproyecto que origina estas líneas como el acuerdo Gobierno-patronal-sindicatos que le sirve de base (ambos de este mes) son sólo un primer paso muy limitado y que quedan por dar los pasos más importantes y decisivos, sobre los que no cabe obviar las dificultades que presentan para poder llegar a acuerdos efectivos. Acuerdos que si siempre son convenientes, en general, en esta materia en particular, relativa a las pensiones, no solo son convenientes sino que su viabilidad y efectividad real depende más que de ningún otro factor, de la solidez y amplitud de los acuerdos que se consigan.
* Profesor
