na cosa en la que hay un amplio consenso general, lo que en los tiempos que corren no deja de ser algo muy raro, es que a día de hoy, cuando ha transcurrido ya más de un año desde que se desencadenó la crisis pandémica por la que estamos atravesando, las vacunas constituyen el principal recurso del que disponemos para afrontar la situación en que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. Partiendo de esta constatación, la cuestión a dilucidar no sería otra que la de acordar cómo articular los medios necesarios para, una vez que se ha conseguido producir las vacunas, distribuirlas entre la población con el fin de detener la propagación del virus, en una primera fase, y, seguidamente, conseguir su completa erradicación.
Dada la naturaleza del problema, que afecta al conjunto de la ciudadanía en un asunto tan esencial como es la salud, y la dimensión del mismo, de carácter global como ningún otro hasta ahora y que sobrepasa ampliamente las fronteras estatales, la primera premisa de la que hay que partir es que las medidas a adoptar no pueden ser sectoriales, referidas a un determinado sector de la actividad económica, ni tampoco limitadas a un ámbito territorial específico, por amplio que éste pueda ser y por poderoso que sea el Estado que las adopte. Conviene tenerlo en cuenta como punto de partida para evitar hacer planteamientos que no solo no nos conducen a ninguna parte sino que además solo sirven para despistarnos y alejarnos de la ruta que es preciso seguir.
Definir el marco de actuación adecuado y dotarse de los instrumentos idóneos es el primer requisito a cumplir para poder afrontar los problemas, en este caso los derivados de la crisis pandémica y, en particular, las vacunas. En este sentido y a la vista de los términos en que, como ya se ha señalado, está planteada la crisis pandémica por lo que se refiere a su carácter general y dimensión global, no es difícil convenir que los europeos disponemos de un marco común como el de la UE, con los instrumentos que ésta nos proporciona, para poder afrontar el reto pandémico, y en especial las vacunas, en condiciones más favorables; mucho más favorables, en cualquier caso, que las que puede ofrecer cada uno de los estados miembros de la UE en solitario y por separado.
Cabe preguntarse si la Unión Europea está desempeñando el papel que le corresponde en el afrontamiento de un problema como el de las vacunas, que además de ser clave ya que afecta a la salud de las personas, es común a toda la ciudadanía europea. Pero antes de contestar a esta pregunta, que es muy oportuna en la coyuntura crítica actual, es preciso recordar -lo que a veces se olvida interesadamente- que la UE dispone de los poderes que en virtud del principio de atribución, que es el que rige la distribución de poderes en la UE, los estados miembros atribuyen a la Unión en los Tratados, norma institucional básica de la UE. Y que las instituciones de la UE ejercen estos poderes de acuerdo con las pautas, y sobre todo las limitaciones, que los propios estados imponen.
No puede decirse que la UE tenga no ya plenos poderes, sino tan siquiera poderes propios efectivos en materia de salud y sanidad, que corresponden básicamente a los estados miembros. Como reiteradamente precisa el art. 168 (que es la disposición que se ocupa de esta materia) así como las disposiciones conexas, del Tratado de Funcionamiento de la UE, las competencias de las instituciones de la UE en esta materia son complementarias de las de los estados miembros. No puede cargarse, por tanto, en la cuenta de la UE lo que de acuerdo con los propios Tratados de la UE, pero sobre todo la práctica de los estados miembros en las instituciones europeas, entra dentro del ámbito competencial de éstos y son, en consecuencia, responsables de su gestión (o más precisamente, de la falta de ella).
Dicho esto, hay que decir también que más que la literalidad de los textos de los Tratados, lo realmente decisivo es la actitud que muestren ante cada problema planteado las instituciones de la UE, así como los estados miembros, que son los que en definitiva tienen la última palabra. En este sentido, la reciente cumbre de la UE del pasado 25 de marzo proporcionaba una buena ocasión para haber acordado medidas efectivas en un tema clave, como sin duda lo es la crisis sanitaria. Pero a la vista de los resultados de esta cumbre, todo indica que se ha desaprovechado, una vez más, la oportunidad para hacer valer la utilidad de la UE en el tratamiento y resolución de los problemas que tiene planteados la ciudadanía europea; entre ellos, de forma prioritaria en el momento actual, la gestión de las vacunas.
La UE, y el Consejo en especial como su máxima instancia decisoria, no puede renunciar a jugar un papel activo ante esta cuestión, que no está jugando hasta ahora -la cumbre europea del pasado 25 de marzo es la muestra más expresiva- y que, a juzgar por la orientación que se marca en ella, no parece que vaya a jugar próximamente. Dada la naturaleza del problema que hay que afrontar, que afecta a todos los estados miembros de la UE sin excepción y a la ciudadanía europea en su conjunto, parece lógico que sean las instancias comunes europeas las que asuman el protagonismo que les corresponde en el tratamiento y en la resolución de este asunto. Lo que exige también, todo hay que decirlo, una actitud de colaboración y de cooperación por parte de los estados miembros que no siempre se da y que con demasiada frecuencia se echa en falta.
En cualquier caso, lo que no es de recibo en un asunto como éste, que afecta a la salud pública de la totalidad de la población europea, es la inhibición o la pasividad de las instituciones europeas. Hay materias, como sin duda lo son las vacunas destinadas a mantener la salud de la población, en las que la intervención pública es obligada y que no cabe confiar al libre mercado, esperando que éste mediante la libre concurrencia las asigne equitativamente a quien las necesite. Entre otras razones, porque el libre mercado es una ficción que en la realidad de las relaciones mercantiles no existe, menos aún en el sector farmacéutico, como se está poniendo de manifiesto estos mismos días en los problemas para lograr el aprovisionamiento de vacunas.
No faltan en los propios tratados de la UE cláusulas más que suficientes para proporcionar a las instituciones europeas la cobertura jurídica necesaria para una intervención activa ante una situación como la que se está dando en relación con la gestión de las vacunas. E igualmente en los textos constitucionales de los estados miembros, que de acuerdo con su caracterización en ellos como sociales acogen numerosas disposiciones en este sentido; incluidas las que, como en nuestro caso, prevén expresamente “la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales... y la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general”. No parece que en una situación como la actual pueda ofrecer muchas dudas que las vacunas son un recurso esencial y que su gestión afecta de forma decisiva al interés general.
No es posible afrontar el problema de la gestión de las vacunas, sin duda el más importante y urgente que tenemos en el momento presente, con actitudes pasivas por parte de las instancias públicas, en especial las europeas dado que éste es el ámbito en el que está planteado el problema. No es previsible que este asunto vaya a perder importancia en los próximos meses; pero lo que sí puede, y debe, preverse es que las instituciones europeas, en coordinación con las estatales y las autonómicas, asuman este problema como propio y común (que lo es) y adopten medidas efectivas para afrontarlo y gestionarlo debidamente; al menos, algo más efectivas que las que se vienen tomando en estos últimos meses y las que se adoptaron en el último Consejo Europeo del pasado 25 de marzo.
El autor es profesor
