Avances y espejismos en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual

En primer lugar, se debe puntualizar qué es la discapacidad, puesto que, de ningún modo, es una característica atribuible a una persona. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud también conocida como la CIF (OMS, 2001) aborda la definición de la discapacidad desde el modelo biopsicosocial. Esta clasificación concibe el funcionamiento y la discapacidad de una persona como una interacción entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) y los factores contextuales. Estos últimos se refieren a la capacidad facilitadora o, por el contrario, a las barreras del mundo físico, social y actitudinal. Y son estos últimos los que deberían interesarnos a la hora de referirnos a la discapacidad, puesto que solo de esta forma, la discapacidad deja de ser un atributo inherente a la persona y se convierte en lo que realmente es: “Un conjunto de condiciones interrelacionadas con el entorno social”.

En los últimos meses he reparado en diferentes noticias que parecen mostrar ciertos avances en la inclusión social y laboral de las personas con DI, pero ¿muestran verdaderos avances o son espejismos de inclusión en medio de una sociedad excluyente? La educación, el empleo y la vivienda son algunos de los indicadores que determinan el estado de una sociedad y, en este caso, nos ayudan a visibilizar algunas de las situaciones a las que deben enfrentarse las personas con DI.

Creo firmemente que desde las escuelas y, más en concreto, desde algunos de los recursos específicos dirigidos al alumnado con DI se hace un gran trabajo por su inclusión educativa, social y laboral. Sin embargo, también considero que el profesorado, las familias y el alumnado debemos lidiar diariamente con un sistema educativo obsoleto, repleto de contradicciones y que en ocasiones vulnera los derechos de las personas con DI.

Sin extenderme demasiado, presento unas pinceladas que, si bien no permiten ver la imagen completa, sirven como esbozo de los mecanismos de discriminación presentes en el sistema educativo. Cuando se identifican las primeras dificultades académicas de un o una alumna, uno de los primeros obstáculos que se encuentran a la hora de articular los apoyos es que la administración educativa es quien decide qué estudiante es susceptible de recibir apoyos y en qué medida debe recibirlos. Además, las medidas que implican contar con más personal docente, tienen como requisito la realización de valoraciones médicas y/o psicopedagógicas, lo que retrasa la posibilidad de implementar los apoyos de una forma rápida y efectiva. Una vez logrados los recursos, otro reto al que se enfrenta la escuela es al de organizar los apoyos de tal manera que se pueda dar una respuesta inclusiva. Es decir, atender al alumnado con DI dentro del aula, sin obstaculizar su progreso y planteando actividades en las que todo el grupo pueda verse beneficiado. Ante este desafío, la ratio constituye el mayor mecanismo de discriminación. Una ratio que supera los grupos de 25 personas impide dar una respuesta adaptada a las necesidades de cada estudiante, no es compatible con un sistema educativo inclusivo y no responde al principio de equidad promulgado en tantos planes, decretos y leyes.

La ESO es la fase en la que se identifican con mayor intensidad las resistencias hacia la inclusión del alumnado con DI, ya que es una etapa finalista y selectiva. Según el CERMI (2017) la gran mayoría de estudiantes con DI no logra el graduado escolar a pesar de aprobar las adaptaciones establecidas. La nueva propuesta de ley educativa (sin entrar a valorarla por completo) incluye en su Artículo 28, referido a la evaluación y la promoción del alumnado, que “los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales (se refiere a las necesidades de apoyo educativo vinculadas a una discapacidad), serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación”. ¿Significa esto que van a aumentar los recursos y/o a reducir la ratio para poder llevar a cabo tal propuesta?, ¿se desprende de este artículo que de aquí en adelante el alumnado con DI obtendrá una titulación adaptada a su trayectoria escolar?, ¿sería adecuado que así fuera? Tal vez habría que preguntarse, ¿por qué no? Sobre todo si reflexionamos sobre las opciones que tienen las personas con DI para acceder al empleo.

¿Qué opciones tiene una persona con DI de conseguir un empleo? ¿Y si lo que pretende es conseguirlo además fuera de un Centro Especial de Empleo? ¿Y en instituciones públicas? Muchas personas con DI trabajan en Empleo Protegido mediante los Centros Especiales de Empleo. Cabe destacar la labor que hacen estos centros a favor de la inclusión laboral de las personas con DI. Pero esta no debe ser su única alternativa. Es necesario ampliar las opciones para que cada vez puedan tener más posibilidades de empleo y mejores condiciones laborales; para ello, se deben articular políticas sociales acordes con esta necesidad.

Hace un dos años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizó una Oferta Pública de Empleo (OPE) en la que reservaba un número reducido de plazas para personas con DI. Esta acción alumbraba algo de esperanza. No obstante, al leer la letra pequeña, se podía comprobar que uno de los requisitos para la inscripción en el concurso era tener el graduado escolar, lo cual dejaba fuera a una gran parte de las personas con DI. Hace unos días, en Gipuzkoa se realizó la primera oposición dirigida únicamente a personas con discapacidad intelectual. Un avance destacable. La sorpresa llega al comprobar que únicamente se ofertaban ¡tres plazas! El progreso debe ser reconocido, por supuesto. Pero también debemos recordar que los ayuntamientos y las diputaciones se benefician de la labor de los y las trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo, ya que contratan sus servicios para la realización de diferentes actividades laborales, como por ejemplo la limpieza de los centros cívicos y de las residencias de ancianos. Por lo tanto, ¿por qué no reconocer la importancia de esta labor consolidando algunos de estos puestos y convirtiendo algunas de estas personas en trabajadoras fijas de las diputaciones o de los ayuntamientos?

Por último, en cuanto a la vivienda se refiere, me gustaría destacar una noticia publicada un periódico local. En ella se presentaba a dos jóvenes con DI que habían logrado independizarse, compartir piso y vivir de forma autónoma; dando un paso hacia una vida cada vez más independiente. Pero, ¿tienen alguna facilidad las personas con DI para acceder a una vivienda? Hace poco Eginaren Eginez, una asociación que trabaja a favor de los derechos de las personas con discapacidad, publicaba un documento titulado Ayudas a la adquisición de vivienda para personas con discapacidad. En este documento ofrecen información sobre qué pasos pueden dar las personas con discapacidad para acceder a una vivienda, pero el documento también evidencia una realidad: actualmente, ni el Gobierno Vasco, ni la Diputación Foral de Álava, ni el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tienen activa ninguna convocatoria específica de ayudas para la compra de vivienda por parte de personas con discapacidad.

En definitiva, ¿podemos hablar de pequeños avances o son espejismos que pretenden aliviar la conciencia de una sociedad poco comprometida con la equidad y el cambio social? Una ley de educación que supuestamente reduce los obstáculos a los que se enfrenta el alumnado con DI, una OPE dirigida a personas con DI, jóvenes con DI viviendo solos… Quiero pensar que no son espejismos. Sin embargo, tampoco son avances tangibles, puesto que todavía no muestran la realidad de las personas con DI, pero, al contrario de lo que sucede con las ilusiones ópticas, sí dotan de nitidez la meta hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos para conseguir un mundo más justo, menos discapacitante.La autora es profesora de un centro educativo de Vitoria y trabaja con estudiantes con DI