l cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXl. La comunidad científica, desde hace decenios, viene insistiendo sobre sus graves consecuencias, cada vez más evidentes. Y para los socialistas, esta es también una cuestión ética, ya que sus efectos son especialmente graves en los países más pobres y para los ciudadanos más desfavorecidos: es decir, precisamente para aquellos que menos contribuyen al calentamiento global.
Muchos han sido los intentos para construir una arquitectura global de gobernanza para luchar contra el cambio climático: desde la Conferencia Mundial sobre el clima realizada en 1979, donde ya se reconocía el calentamiento global como un gran problema para el planeta y la humanidad, pasando por el protocolo de Kioto en 1997 hasta el Acuerdo de París, en el que 196 países más la UE se comprometieron a evitar que la temperatura media del planeta no aumente en más de 2 grados centígrados, y, preferiblemente, mantener dicho incremento por debajo de los 1,5 grados centígrados. Punto de no retorno según los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPPC).
La necesaria transición ecológica de la economía va más allá de la lucha contra el calentamiento global y de sus objetivos principales-reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y descarbonizar la economía.
Según los expertos del Instituto Internacional sobre Resiliencia de Estocolmo, la humanidad está desbordando peligrosamente los denominados “límites planetarios” en cuanto a la pérdida de biodiversidad (terrestre y marina), el ciclo del nitrógeno, la contaminación del aire, la disponibilidad de agua potable... Las consecuencias de este impacto de la actividad humana resultan de una extraordinaria gravedad: los científicos alertan de que el 75% de las pandemia de los últimos veinte años son de origen animal y se deben a la destrucción de hábitats y a la correspondiente migración hacia los seres humanos de patógenos hasta ahora desconocidos.
Todo ello debe por tanto guiar las decisiones de política económica y nuestros hábitos de consumo, si queremos evitar un colapso ambiental que impida avanzar hacia una sociedad más justa, más segura y con una prosperidad más duradera.
En relación con la transición energética, se trata de eliminar, antes de 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero -dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno...- y substituir los combustibles fósiles por energías renovables, potenciando además el ahorro y la eficiencia energética; además, urge frenar la deforestación ya que los bosques son inmensos sumideros de CO2, y están desapareciendo a gran velocidad, debido, entre otras cosas, a la necesidad creciente de espacio para la ganadería intensiva, soporte de una dieta alimentaria basada en un consumo muy elevado de proteínas de origen animal.
La transición ecológica no destruye empleo, sino todo lo contrario: puede crear nuevos y mejores puestos de trabajo, y garantiza salud y seguridad para la humanidad. Ahora tenemos una oportunidad: la respuesta de las instituciones europeas ante la crisis sin precedentes provocada por el covid-19, que comportará un ingente volumen de recursos para la denominada “recuperación verde”, es decir la transición ecológica en todos y cada uno de los sectores productivos.
España, en particular, tiene un gran potencial para beneficiarse de este Pacto Verde, ya que contamos con importantes capacidades para el desarrollo de las energías renovables así como una rica biodiversidad.
Así que el Gobierno -en colaboración con todas las administraciones, con el sector privado y con la comunidad científica-, está preparando ya planes para apoyar a la industria, garantizando la innovación, diseñando sistemas de transporte público y privado más limpios, apostando por edificios capaces de consumir y producir energías renovables, y promoviendo la economía circular.
Los socialistas hemos defendido ante las instituciones europeas que la recuperación económica tras la covid-19 debe ser justa, y no dejar a nadie atrás, como nos exige el cumplimiento de la Agenda 2030. Y es que no se trata de volver al paradigma económico dominante hasta ahora, sino de incorporar en todas las actividades productivas y en las pautas de consumo la consideración de los “límites planetarios”, desde un enfoque de equidad y de responsabilidad a escala global.
Muchos países, empresas privadas y fondos de inversión ya han comenzado a llevar a cabo la transición ecológica de sus económicas y activos. Más de 70 países e han comprometido con el objetivo de neutralidad en carbono para el año 2050 no más tardar, entre ellos España, Francia, Alemania y Dinamarca; incluso China -el principal productor hoy día de placas solares y de vehículos eléctricos-, se acaba de comprometer a alcanzar dicha neutralidad en las emisiones de CO2 en 2060.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) dejará de financiar proyectos ligados a los combustibles fósiles, incluido el gas para el año 2021, un gran paso con un objetivo claro de convertirse en un banco climático. El mayor fondo soberano de Noruega se está desprendiendo de sus activos en combustibles fósiles para invertir en energías limpias y ya muchos fondos de inversión se deshacen de sus activos en inversiones contaminantes para invertir en energías alternativas, un síntoma claro de que la transición ecológica de la economía es imparable y una oportunidad.
En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en la primera línea de la agenda de la política de este país, la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica de la economía, como vector de modernización de nuestro modelo productivo y de creación de empleo.
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Economía Circular, la Estrategia de biodiversidad y la nueva planificación hidrológica... Son las primeras herramientas para llevar a cabo la transición ecológica de la economía en nuestro país, potenciando la creación de empleo, a la vez que descarbonizamos nuestra economía y cumplimos con nuestros compromisos internacionales.
Definitivamente, estamos ante una nueva revolución industrial y quienes se opongan a la transición ecológica y no adecúen su economía a esta transición estarán perdiendo una oportunidad única de ser competitivos y generar empleos en el presente y el futuro.Los autores son vicepresidenta primera del Senado y presidenta del PSOE y diputado del PSE-EE por Álava y responsable de Política Ambiental y Desarrollo Rural del PSE-EE Álava, respectivamente
