Llamado por su nombre, un desastre

Haciendo un rápido repaso de las numerosas irregularidades realizadas a lo largo de los nueve años de explotación, tenemos que en un vertedero catalogado de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos se habían depositado ingentes cantidades de materia orgánica, cuando su destino debería haber sido una infraestructura de gestión de residuos urbanos. Precisamente, la fermentación anaeróbica de la materia orgánica ha ocasionado las emanaciones de gas metano y los incendios, que parecen haber sido sofocados pero que pueden reaparecer, y la posibilidad de generación de dioxinas y furanos que, por ahora, y tal como se ha indicado por la Comisión Técnica, presentan cantidades pequeñas. En realidad, no sabemos cuánta materia orgánica se ha depositado, lo que es un hecho absolutamente lamentable ya que el vertedero no disponía de captación ni de medidor ni, por supuesto, de tratamiento de los gases que se originaban.

Hay más. También se han depositado grandes cantidades de plásticos cuyo destino tampoco debía ser el vertedero de Zaldibar, sino el reciclaje o, en su defecto, el depósito en una infraestructura de residuos urbanos. Su combustión también lleva consigo la emisión de dioxinas y furanos.

Siguiendo con la lista, en el vertedero de Zaldibar, se depositaban residuos de amianto que, aunque estuviera permitido legalmente, no se puede considerar lo más aconsejable, ni mucho menos. Pero es que, además, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2015, el vertedero de Zaldibar recibió residuos peligrosos como PCBs, los denominados bifenilos policlorados, sustancias prohibidas desde 1986 por su alto poder cancerígeno y sus nocivos efectos sobre el medio ambiente. Y habría que ver si no se habían depositado más residuos peligrosos.

Otra cuestión a destacar, aunque no está contemplado un límite en la normativa existente, es la enorme cantidad de residuos depositada. 500.000 toneladas en 2019. Ello ha motivado que el vertedero de Verter Recycling, previsto con una vida útil de 35 años, es decir, más allá de 2040, se pudiera llegar a colmatar a dos o tres años vista. Con semejante cantidad en tan poco tiempo cabe pensar que es muy difícil que se pudiera compactar esa masa de residuos en buenas condiciones de estabilidad.

Podríamos seguir con más exigencias legales que debería de haber cumplido la empresa propietaria del vertedero. Pero cabe decir, que el vertedero de Zaldibar obtuvo su autorización ambiental integrada (AAI) para su actividad de residuos industriales no peligrosos el 22 de enero de 2007 y que responde a la legislación europea de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC, por sus siglas en ingles), cuyo objetivo es aplicar el principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales potencialmente más contaminantes y que establecen medidas y controles muy rigurosos para evitar o reducir al máximo las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua o el aire, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto.

La concesión de la citada Autorización Ambiental Integrada es responsabilidad del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. También lo es la inspección y control del funcionamiento de una instalación sometida a la citada AAI, que deberá hacerse tras la entrega de la empresa propietaria del vertedero de la documentación permitente y establecida en la normativa, junto a toda la que se le requiera por parte del Gobierno Vasco. ¿Ha sucedido así? Parece que ser que no del todo. Por parte del Departamento de Medio Ambiente se vislumbran negligencias de control, que habrá que investigar. El mismo lehendakari, en la maratoniana comparecencia en el Parlamento Vasco, admitió que “se han podido cometer errores” en la gestión de la crisis abierta tras el derrumbe del vertedero y, en concreto, asumió que, “a la vista de las consecuencias”, los “mecanismos de control” desarrollados por el Ejecutivo sobre esta empresa “no han sido suficientes”. Asimismo, se comprometió a investigar “a fondo” y “con absoluta transparencia” las causas y los antecedentes que han provocado el derrumbe, consideró que lo ocurrido debe servir para mejorar las políticas públicas en materia de gestión de vertederos y anunció que el Departamento de Medio Ambiente está realizando ya una auditoría “que analice todos los antecedentes, causas y consecuencias de este fatal accidente”. Estoy de acuerdo con todo ello. Ahora bien, sería importante que a todo lo dicho se añadiera, y de manera urgente, una cuestión que en estos momentos es crucial: la necesidad de revisar uno a uno todos los demás vertederos, su situación actual y los mecanismos de control, para que no se repitan sucesos como el de Zaldibar. Antes que nada conviene revisar posibles deficiencias e irregularidades en otros vertederos.

Por otro lado, estos días ha sido notorio en alarmismo generado en los vecinos y vecinas que viven en los alrededores del vertedero de Zaldibar. Dicho alarmismo es entendible, ya que los hechos ocurridos han sido muy graves, con dos operarios que llevan sepultados dos semanas, con incendios en el vertedero, con la aparición en el aire de dioxinas y furanos, aunque en cantidades pequeñas pero superiores a los valores normales... y con la posibilidad de que el desastre hubiera sido muchísimo mayor. No hay que olvidar, que el derrumbe del vertedero llegó hasta la autopista Bilbao-Behobia y podía haber sepultado vehículos y a sus ocupantes. Además, se han dado algunos equívocos en la comunicación de los primeros días por parte del GobiernoVasco, como la información dada sobre los dioxinas y furanos, posteriormente subsanada. Y, sin duda, el mejor antídoto para paliar ese alarmismo es actuar con la mayor y mejor información y trasparencia posibles. En este sentido, la web de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental (Ihobe), dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en la que se publican periódicamente las mediciones de la calidad de las aguas y el aire, es una buena fuente de información. No obstante, no todas las personas tienen internet y tampoco un nivel de formación que permita interpretar datos técnicos. Y es importante la utilización de métodos de comunicación directos. Algunos de ellos ya se han puesto en marcha, como las reuniones abiertas a la ciudadanía en Ermua y Eibar, que se deberían extender a otros municipios de los alrededores, así como a los baserritarras de la zona. Se precisa una comunicación que, siendo técnica, científica, rigurosa y contrastada, sea realizada de la forma más comprensible y asequible a los distintos sectores de la ciudadanía.

El autor es experto en temas ambientales, Premio Nacional Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental del País Vasco