El 2 de mayo el Parlamento Vasco aprobaría con los votos en contra de PNV y PSE tramitar una proposición de ley para revertir los recortes de la crisis en el profesorado jubilado. La Mesa del Parlamento, con mayoría PNV y PSE, acordaría remitir dicha propuesta a la Comisión de Educación de acuerdo a lo establecido en el artlo 149 del reglamento, que tambien establece que se abra con carácter inmediato un periodo de 15 días para presentación de enmiendas.
En vez de hacer esto y seguir su tramitación reglamentaria, dio un periodo de 7 días para que los grupos parlamentarios solicitaran comparecencias, cambió el proyecto a otra comisión presidida por el PNV, y además PSE y PNV solicitaron comparecencia de 12 miembros del Gobierno para dar su parecer sobre la proposición de ley, pese a que el Gobierno Vasco ya había presentado su criterio por escrito. Todo esto lo aprueba la Mesa de la Cámara vasca contraviniendo el art. 149, amparándose en un artículo que nada tiene que ver con las proposiciones de ley y con el visto bueno de la presidenta de la Cámara vasca que tiene como obligación respetar y hacer que se respete el reglamento. Todo ello con el objetivo de obstaculizar y si es posible impedir la tramitación de una proposición de ley que cuenta con el apoyo mayoritario del Parlamento pero no del Gobierno Vasco. La presidenta del Parlamento no debe ser la correa de transmisión del Gobierno Vasco sino la garante de que la cámara vasca funcione democráticamente y para ello es básico que se respeten las normas de funcionamiento del mismo y si han de cambiarse se haga por los cauces reglamentarios. El jueves parece que la Junta de Portavoces va a debatir sobre el tema. Esperemos que el respeto a la democracia logre un acuerdo de cumplimiento del reglamento por todos los grupos parlamentarios,siendo la presidenta garante de dicho respeto.
