La entrada en vigor hoy de la nueva normativa por la que se reduce el límite máximo de velocidad para los turismos en las carreteras convencionales del Estado -siete mil kilómetros con doble sentido sin separación y metro y medio de arcén- a 90 km/h ha sido justificada por la Dirección General de Tráfico (DGT) como medida de contención de la siniestralidad, toda vez que el 77% de las muertes por accidente de tráfico se producen en estas carreteras. Ahora bien, sin cuestionar la estadística, tampoco los informes internacionales que ligan de modo directo la velocidad y la siniestralidad, con una relación que habla de una reducción de accidentes mortales por encima del 25% por cada 5 km/h de reducción de la velocidad media en vías interurbanas, caben algunas puntualizaciones. Por un lado, que sólo uno de cada cinco accidentes de ese 77% del total de siniestros mortales que tiene lugar en las carreteras convenciales está motivado por el exceso de velocidad y la mayoría de ellos se producen por colisiones frontales o salidas de calzada en adelantamientos. Por otro, que la velocidad media de los vehículos que circularon en la red de carreteras de esas características en el Estado en los últimos tres años no alcanza los 80 km/h y pese a reducirse paulatinamente no ha tenido reflejo proporcional en el número de víctimas mortales, muy por encima de los dos centenares anuales. Y si la mayoría de los países miembros de la UE ya había aplicado ese mismo límite y algunos como Francia, Noruega, Dinamarca o Finlandia lo sitúan incluso en 80 km/h, cabe apuntar también que las condiciones climatológicas de la mayoría de esos países son notoriamente más difíciles mientras Francia se cuestiona ahora la conveniencia de la reducción aplicada el pasado julio, entre otras razones por su incidencia en los adelantamientos y la gran afluencia de transporte pesado en este tipo de vías. Así que aun considerando directa la incidencia de la velocidad en la siniestralidad, la reducción del límite a 90 km/h -que llega acompañada de un notorio incremento de las sanciones- no servirá al objetivo de reducir la tasa de fallecidos en carretera de 39 a 37 por millón de habitantes si no se acompaña de una notoria inversión en la red de carreteras convencionales, con especial incidencia, también con límites de velocidad específicos, en los puntos negros de la misma, que también vienen señalados por la estadística.