La huelga convocada por ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT desde mañana hasta el próximo día 25, es decir, ocho días lectivos, en 215 centros educativos de la red concertada de iniciativa social en Euskadi -cerca del 70% de la educación no pública vasca, con nueve mil trabajadores- posee una dimensión más allá del pulso laboral entre profesores y quienes les contratan, por cuanto afecta a 120.000 alumnos y a su derecho a recibir una educación. No es una exageración. De mantener las centrales sindicales la convocatoria de huelga hasta el final y sumada esta a las jornadas de paro ya realizadas en el primer trimestre, los alumnos de centros de Kristau Eskola e Izei, principalmente, habrán perdido casi el 10% del centenar y medio de jornadas lectivas del curso, lo que supone un enorme problema para asegurar el cumplimiento del temario, que se agudiza en el caso de los alumnos de Segundo de Bachillerato que en primavera deben afrontar el examen de acceso a la universidad. Es por tanto un error enfocar el conflicto entre los sindicatos y la patronal como si no fuera más que un conflicto laboral, en base a la pérdida de poder adquisitivo que según las centrales es del 12% desde 2009. Siendo esto así, es algo que por desgracia no sucede únicamente en el sector educativo. La equiparación de las condiciones del profesorado en la ESO con la pública o su mejora en la educación de 0 a 3 años son reclamaciones legítimas pero que obvian que el acceso profesional a la enseñanza pública tiene también requisitos específicos a los que hay que opositar. En el otro lado, estas demandas no han sido escuchadas por quienes se benefician de la situación del concierto educativo y de su prolongación en 2016 hasta 2022. Por primera vez por seis años sin que se les impidan otras vías de ingresos a través de las actividades complementarias, el material o las AMPA. Pero, sobre todo, es injusto que 120.000 familias queden atrapadas mientras unos trasladan su protesta y otros su responsabilidad al Gobierno que financia en torno al 70% de los gastos de los centros concertados -y el 100% del sueldo del profesorado, incluyendo cotizaciones-. Unos y otros pretenden mantener la titularidad privada y la autonomía en la contratación del personal, así como una visión propia de la educación. Miles de familias hacen un esfuerzo suplementario por esa apuesta educativa y todos deberían recordarlo.