La intención y consecuencias son similares. Da igual que sea la filtración chantajista de grabaciones de conversaciones privadas que la nula ética profesional al publicar informaciones insuficientemente contrastadas, también pertenecientes a lo privado, en medios digitales en los que casi todo vale. Tras la constatación general del aluvión de casos de corrupción que afectó al PP, pero no solo, y que obligaron a Rajoy a dejar la presidencia del Gobierno. Tras la confirmación pública del escándalo en torno a la jefatura del Estado con Juan Carlos I, forzado a delegar en su hijo, Felipe VI, y dentro de la Casa Real. Tras la verificación social de la propagación de prebendas universitarias a cierta clase política en forma de títulos y másteres para sus curriculums, con la ineludible dimisión de presidentes autonómicos y ministros... Un comisario de Policía, José Villarejo, estrella antiterrorista y protegido por todos los que han gobernado el Estado desde González a Mariano Rajoy -pero relacionado con el caso Ático de Ignacio González, imputado en el caso del pequeño Nicolás, investigado en el caso Pinto y detenido por blanqueo y organización criminal en la operación Tándem- es capaz de condicionar la estabilidad del Gobierno Sánchez. Y medios digitales pero no imparciales azuzan esa zozobra con informaciones sobre una presunta argucia fiscal de otro ministro, Pedro Duque. Es la inmundicia extendida por décadas en las estructuras de poder del Estado español y sus aledaños. Y el debate político se limita a la exigencia de dimisión del rival o el cierre de filas, actitudes para las que vale hasta la manipulación y la mentira pública con las instituciones representativas de la soberanía popular, Congreso y Senado, entretenidas en triquiñuelas formales que paralizan su actividad legislativa. Mientras, el Estado español es por tercer año el de más déficit público de la UE, rozando el 100% del PIB. Mantiene en exclusión social severa -informe de Foessa (Cáritas)- a 4,1 millones de personas en millón y medio de hogares. Es incapaz de asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Se sacude con la violencia machista, que suma casi mil víctimas mortales. Y sigue sin cerrar la crisis política de Catalunya, la más profunda en 40 años, y sin atisbar un planteamiento de solución al problema del encaje de las naciones que engloba. Efectivamente, una reforma se antoja más que urgente. Y no solo para retirar los aforamientos de la Constitución.