El derecho de manifestación es un derecho fundamental de la ciudadanía en un sistema democrático -reconocido como tal incluso en la Constitución de 1978- cuyo ejercicio supone una exteriorización colectiva de la libertad de expresión y una muestra tangible del principio de participación de la sociedad en los asuntos públicos. Ahí radica su fundamentación y su legitimidad plena como derecho indeclinable. La manifestación que ayer recorrió las calles de Iruñea contra la política lingüística del Gobierno de Uxue Barkos es, en este sentido, un ejercicio de libre expresión colectiva. Pero los motivos que la han impulsado -los reales e inconfesados pero también los oficiales-, plagados de falsedades, mentiras, manipulaciones, argumentos espurios y objetivos más o menos ocultos pese al lema de la movilización -“Por el futuro de todos en libertad”- le restan toda legitimación y erosionan de manera grave el concepto mismo de este derecho fundamental en democracia. La conclusión cierta es que esta movilización -que resultó un estrepitoso fracaso de participación- fue concebida como una manifestación contra el euskera, por mucho que sus promotores se empeñaran en afirmar lo contrario. La legitimidad de cualquier reivindicación deriva de la de sus objetivos, así como de la autenticidad y credibilidad de los mismos y de sus argumentos. Por ello, intentar colar como cierto y hacer bandera de la manifestación cuestiones como que la implantación del modelo D en Nafarroa es “discriminatorio”, atenta contra los derechos y oportunidades de los que no conocen el euskera y supone la implantación “obligatoria” de este idioma en la comunidad foral es no solo faltar a la verdad a sabiendas sino utilizar la lengua como elemento de confrontación y división de la sociedad y tratar de erosionar al Gobierno de Barkos de cualquier modo. La realidad, por el contrario, es otra. De hecho, los promotores de la manifestación ya se retrataron hace unos días al aludir a que el modelo D “elimina a los deficientes y a los inmigrantes y os quedáis los guays”. Es el actual modelo lingüístico de zonificación, que ahora felizmente se va a cambiar, el que discrimina, elimina derechos y limita la libertad de elección de lengua. Así lo entendió la inmensa mayoría de la sociedad navarra, que dio la espalda a la manifestación porque percibe, aunque no lo hable, que el euskera es un patrimonio común y no comparte la estrategia de confrontación.
