Alicia López de los Mozos, presidenta del tribunal del máster concedido en el curso 2011-2012 a Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en Madrid, confirma que ella no evaluó a la hoy presidenta de la comunidad madrileña y niega que la firma que aparece en el acta sea suya. Enrique Álvarez Conde, director del máster, admite que dicha acta, presentada a los medios por Cifuentes como prueba de la realización del máster, se elaboró el pasado 21 de marzo a petición del rector de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, Javier Ramos. Y este, sin embargo, lo niega pero tras haber defendido reiteradamente que Cifuentes cursó y aprobó el referido Máster en Derecho Público del Estado Autonómico y presentado el Trabajo Final de Máster (TFM) sobre El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana, afirmaba ayer que el acta del trabajo fin de grado “no consta”, que “tampoco ha sido remitida la memoria de ese trabajo fin de máster” y que “no se puede garantizar que la defensa del trabajo haya tenido lugar”. La sucesión de declaraciones y la intervención de la Fiscalía para investigar un delito de falsedad en documento público dejan suficientes dudas sobre la veracidad de lo que viene sosteniendo públicamente -la última vez, ayer mismo- y hasta en sede parlamentaria o por escrito Cristina Cifuentes y por tanto convierten su situación en insostenible. No solo porque la polémica política abierta a raíz de la denuncia periodística apunta a modos de actuación absolutamente cuestionables en los términos de honorabilidad y responsabilidad exigibles a cargos políticos, institucionales y académicos, que también; o porque sugiere que dichos modos, propios del chalaneo, podrían haber sido práctica generalizada en ámbitos institucionales, especialmente en Madrid, incluso a niveles tan ridículos como los de la elaboración de currículums, que también; sino porque Cifuentes habría mentido de forma consciente a los ciudadanos a quienes representa. La obligada depuración de responsabilidades inherentes a la salud democrática de una sociedad exige poner fin de una vez por todas a esa pretensión de impunidad que se ha venido repitiendo en un ecosistema político preñado de burla a la confianza de los ciudadanos, de ignorancia de la responsabilidad institucional e incluso cuando se trata -como investiga en este caso la Fiscalía- de la posible consideración penal de un delito.