El debate abierto en torno al sistema electoral en el Estado español y el interés mostrado por Ciudadanos y Podemos en acelerar su reforma, que ya figuraba en el programa del PSOE para las últimas elecciones, parece centrar la cuestión en el método de reparto de escaños y un posible abandono de la aplicación de la Ley D’Hondt, utilizada hasta ahora, para sustituirla por el método Sainte-Laguë -o método Webster-, en teoría uno de los que establece una relación más proporcional entre votos recibidos y escaños. Ahora bien, la sustitución del actual sistema electoral que emana de la Constitución de 1978 y está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de 1985 no puede reducirse, como parece evidenciarse ahora, a un problema de distribución de escaños entre los cuatro principales partidos de ámbito estatal que estos apoyan o no en virtud de que les sea o no favorable; menos con las elecciones municipales y europeas, que la Loreg asimismo regula, en poco más de un año; y menos con la incertidumbre actual respecto al horizonte de las próximas generales, previstas inicialmente para 2020 pero cuyo adelanto no se descarta sino que se vaticina. Porque la pregunta es obvia: ¿seguiría defendiendo la reforma hacia una mayor proporcionalidad Ciudadanos si, como destacan algunas encuestas, llega a ser la fuerza más votada y, por tanto, beneficiada del reparto por la Ley D’Hondt? ¿Estaría en contra el PP si pasa a ser tercera fuerza? Conviene recordar que en las últimas elecciones de junio de 2016, el PP obtuvo el 33% de los votos y ostenta el 39% de los escaños del Congreso, el PSOE ocupa el 24% con el 22% de los votos, Podemos el 16% con el 16% y, sí, la entonces cuarta fuerza, C’s, veía reducida su representación al 9% del hemiciclo con el 13% de los votos. En todo caso, la proporción no es tan desproporcionada y otros problemas más acuciantes -como la sobrerrepresentación en el Senado- tiene la política estatal. Que el sistema electoral esté orientado más al logro de la gobernabilidad (con su deriva al bipartidismo) que a garantizar la representatividad (con su desviación a la hipertrofia de fuerzas parlamentarias) no parece razón fundamental en que, como reflejaba el Eurobarómetro de diciembre, el 89% de los ciudadanos tiendan a sentir desconfianza respecto de los partidos y sus representantes.
